El voto en Arabia

Los derechos civiles y políticos han recorrido un tortuoso camino hasta que se han visto incorporados al concepto de ciudadanía. La mayoría han sido el resultado de la reivindicación y el sacrificio de muchas personas que se han rebelado contra la discriminación y la vejación, en muchos casos, de amplios colectivos sociales.

El sufragio femenino, por ejemplo, no ha sido resultado de una sociedad impregnada por los valores de libertad, igualdad y justicia; muy al contrario, ha sido objeto de controversias, luchas y sacrificio de muchas mujeres.

El primer lugar del mundo donde las mujeres tuvieron derecho al voto fue Nueva Jersey, en 1776, pero fue por error. La redacción de la ley permitía votar a las personas y cuando fueron conscientes de sus consecuencias la abolieron en 1807, restringiendo el sufragio a los varones. Los movimientos de sufragistas desde los albores del siglo XX han sido objeto de represión, encarcelamientos, desprecio social, represalias laborales y conflictos en las relaciones personales marcadas por un machismo insoportable.

Los previos al Día Internacional de la Mujer es momento para recordar a luchadoras como Emma Goldman o Carmen Karr, que destacaron en Estados Unidos, las inglesas Annie Kenney, Chirstabel Pankhurst, la alemana Carrie Chapman o la socialista española Clara Campoamor, que fue quien defendió en el Congreso de los Diputados el voto femenino, instaurándose por solo cuatro votos de diferencia en 1931. También es momento de no olvidar a las víctimas del incendio, el 25 de marzo de 1911, de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York.

El fuego causó la muerte de 146 trabajadoras textiles que murieron por quemaduras; el 8 de marzo también reivindica los derechos laborales de las mujeres.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 incluye el sufragio universal y la convención de derechos políticos de la mujer de Naciones Unidas, del 7 de julio de 1954, incide en ello.

Pero conmemoraciones como la del próximo martes no pueden limitarse sólo a un puñado de actos institucionales, al recuerdo, tan merecido, de las personas que fueron imprescindibles para la consecución de avances, ni por supuesto, a la autocomplacencia por los avances legislativos en algunos periodos, como el del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es momento de revisar lo que queda pendiente por hacer, en nuestra sociedad y en otras, y de denunciar y escandalizarnos por los atropellos que siguen ocurriendo.

Hace tres días estaba organizado un seminario que tenía por título «¿Las mujeres son seres humanos?», en la Academia Saudita para el entrenamiento y la consultoría. Gracias a la movilización en redes sociales y a los medios de comunicación de algunos países comprometidos con los derechos humanos, se ha cancelado. No es la primera vez que Arabia Saudí avergüenza al mundo con discriminaciones de carácter machista. Sólo hay que recordar que era uno de los pocos países del mundo donde las mujeres no tenían derecho al voto. No fue hasta 2011. que el rey absolutista Abdalá bin Abdelaziz se comprometió a que a partir del año 2015 pudieran empezar a votar.

Allí las mujeres tampoco pueden conducir coches. Dos mujeres que desafiaron la prohibición fueron puestas en libertad el año pasado año después de pasar 70 días en la cárcel. En 1949, el sociólogo T. H. Marshall pronunció en Cambridge una serie de conferencias tituladas «Ciudadanía y clase social», en las que defendió la evolución histórica del concepto de ciudadanía. Estableció varias etapas en las que sucesivamente, después de ser acreedor de derechos civiles y después políticos, especialmente el voto, se deberían incorporar lo que denominó derechos sociales, en principio referidas a la educación, sanidad y sistema de pensiones. Se trataba de la primera formulación formal del Estado de Bienestar.

Según los datos del Banco Mundial, Arabia Saudí no es un país pobre ni mucho menos. Tiene una renta per cápita de 25.140 dólares, una esperanza de vida de 74 años y está incluido en los países de nivel de ingresos alto, entre los que no pertenecientes a la OCDE.

Cuando las condiciones económicas son suficientes para el desarrollo de la dignidad de las personas, el respeto a su autonomía y la máxima del principio, tan liberal como clásico, de igualdad ante la ley e igualdad en la ley, no caben excusas. Los integrísimos ideológicos, políticos y religiosos son un lastre para el legado que debe dejar el siglo XXI a la humanidad.