En la República Dominicana no están bien vistos los haitianos

La República Dominicana, la isla Española por antonomasia, tiene una historia apasionante, lo que viene a decir que está llena de desgracias. Una de las constantes del relato es la difícil relación de los criollos de origen español, con una larga tradición de mestizaje, y los habitantes de la vecina Haití. Hubo un tiempo, a caballo entre la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, en el que los haitianos tuvieron la preponderancia militar y llegaron a invadir la parte oriental de la isla, que había quedado hecha unos zorros tras las razias de la piratería inglesa, holandesa y francesa. Pero los dominicanos son gente dura, tenaz y orgullosa, incluso de sus errores. Y no les gustan nada sus negrísimos vecinos, de los que guardan un resquemor histórico. Lo que explica, aunque no justifica, que el tirano Leonidas Trujillo ordenara el asesinato indiscriminado de 25.000 inmigrantes haitianos sin que nadie levantara un dedo. Fue la llamada «matanza del perejil». Como en lengua «creole» no se pronuncia la «r» suave, la Policía y el Ejército de Trujillo obligaban a los sospechosos de haitianidad, muchos de los cuales llevaban décadas en el país, a decir «perejil». Y el que lo pronunciaba mal quedaba listo de papeles. Hoy, en la República Dominicana viven varios cientos de miles de haitianos, inmigrantes ilegales, a los que se quiere expulsar. Incluso se ha reformado la Constitución –2010– negando específicamente el derecho de suelo a los hijos de los extranjeros que se encuentren en situación irregular.

Hasta ahora, cualquier persona nacida en el país adquiría la nacionalidad dominicana, a excepción de los vástagos de los diplomáticos o de los extranjeros en tránsito. Por lo tanto, Juliana Dequis Pierre, nacida en 1984, hija de braceros haitianos que, como muchos otros, se quedaron en Santo Domingo al finalizar su contrato, se consideraba una dominicana más y solicitó una copia de su partida de nacimiento para obtener la Cédula de Identidad y ejercer el derecho al voto. Pero las autoridades se la negaron, aduciendo que Juliana era extranjera, haitiana, pese a haber nacido en el país, porque su inscripción en el registro se hizo de manera fraudulenta. El asunto, que no sólo afecta a Juliana, sino a otros 250.000 ciudadanos en su misma situación, ha llegado al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que acaba de dictar sentencia. Los jueces, con los votos en contra de las magistradas Isabel Bonilla Hernández y Katia Jiménez Martínez, han dado la razón al Gobierno por entender que los padres de Juliana eran «extranjeros en tránsito» y estaban en situación irregular. Una aberración, tanto lingüística como jurídica, que, aplicada en su literalidad, permitirá la desnaturalización de ese cuarto de millón de dominicanos que tienen el pecado original de la procedencia de sus padres. Ni siquiera la nueva Constitución tiene fuerza legal en este punto, puesto que significaría una aplicación retroactiva de la Ley.

La ONG de la Compañía de Jesús, «Entreculturas», ha puesto en marcha una campaña de sensibilización internacional para instar al Gobierno dominicano a que no lleve adelante esa tropelía con unas gentes que llevan toda su vida en el país. Si quieren colaborar, la campaña se llama «dominicanos por derecho» y toda la información está en su página web.