Érase una vez

Érase una vez una comunidad, en la que parte de sus ciudadanos protagonizaba desde hacía tiempo una insurrección contra el orden constitucional alentada desde las instituciones, con violencia incluida. Los principales dirigentes de ese movimiento fueron detenidos, juzgados y condenados por delitos tan graves como el de sedición, entre otros. El líder del grupo, que era la principal autoridad en el territorio, se fugó con otros miembros antes de ser puestos a disposición judicial, y desde la ciudad de Waterloo —cual feliz napoleoncito— dirigía la estrategia insurreccional. La violencia de las acciones que realizaban no se recordaba en muchos años, y fue calificada como terrorismo urbano: La capital del territorio ardía en barricadas para impedir el tráfico urbano y la normalidad ciudadana. Numerosos policías sufrieron heridas, aunque una de las líderes de estas acciones defendía lo sucedido al considerar que «los disturbios hacían visible el conflicto en la prensa internacional». Ni los dirigentes condenados, ni los fugados, expresaron arrepentimiento por sus graves delitos, incluso afirmaban que lo repetirían. El portavoz del grupo mayoritario del Gobierno, ante la gravedad de lo sucedido, pidió una comisión parlamentaria para esclarecer los hechos... investigando a la policía. El día 10 hay elecciones. Esto no es un cuento: o se pone remedio a esta situación asumiendo el control del territorio con todos los medios que la Constitución permite, o esto acabará con la destrucción de esta maravillosa comunidad multisecular.