Hay otra democracia mejor, pero es más cara

Cuando se resuelve una convocatoria electoral y las urnas dictan una resolución, no se ha terminado la renovación de las instituciones, todo lo contrario, se inicia un ciclo democrático en el que se renovará una maquinaria engrasada que debe asegurar la gobernanza y las libertades en nuestro país.

La crisis económica y social ha generado un cuestionamiento de las instituciones. Ha calado la convicción, defendida desde la mayoría de las opiniones publicadas en los distintos medios de comunicación, de que sobran instituciones, que son inútiles y que sólo suponen el mantenimiento de una «casta» que se aferra a las prebendas.

En definitiva, el malestar social generado por la pérdida de las expectativas y de los proyectos de vida de millones de personas que ha ocasionado la crisis económica, se canaliza hacia la eliminación de las instituciones, de cuantas más, mejor.

Hemos visto en los últimos años una senda que camina hacia la desaparición de las cámaras de cuentas, consejo consultivos, Senado de España e incluso partidos y sindicatos. Los partidos emergentes aprovechan el clima de opinión para lograr objetivos en este sentido que son rentables electoralmente para ellos y los partidos mayoritarios aceptan, una tras otra, todas las condiciones en ese cortejo nupcial en que se ha convertido gobernar.

Recuerdo hace poco más de cuatro años, cuando el paro ya golpeaba a las familias españolas y se imponían las primeras medidas de austeridad, que la primera reclamación que se hacía desde el 15-M era la reforma electoral. Es verdad que nuestro sistema electoral es muy mejorable, pero también es cierto que difícilmente se pueden satisfacer las necesidades de trabajo y pan con una reforma electoral.

Más bien el camino es una bolsa de recursos públicos para evitar la exclusión cuando se producen contingencias como la crisis, una política de vivienda social en la que tener un techo deje de ser un bien de mercado y sea un derecho subjetivo o, desde luego, una política monetaria expansiva desde las instituciones europeas, que hubiese ayudado a controlar el crecimiento de la deuda soberana y evitado gran parte de los recortes. Es decir, qué necesidades sociales requieren soluciones sociales y económicas.

Dice Pierre Rosanvallon que Europa, desde la Revolución francesa, ha fracasado en el intento de satisfacer las necesidades sociales porque se han intentado combatir mediante revoluciones políticas, a diferencia de Estados Unidos, donde una necesidad política como era la independencia se saldó, como correspondía, con una revolución política y no otra de ámbito social.

Acabar con las instituciones debilita la calidad democrática; puede ser fácil hacerlo, pero sin duda es poco operativo y nos hace vulnerables en el disfrute de nuestros derechos y libertades.

Es indudable que las instituciones requieren reformas, actualizaciones y reglajes para su mejor funcionamiento. Tanto tiempo hablando de reformas sin hacerlas nos aboca a un proceso de italianización, donde las instituciones degeneraban en un debate interminable sobre su reforma y nunca se reformaban, hasta que se desprestigiaban. Como consecuencia, Italia cayó en un cinismo político y una desafección de la democracia que nos produjo pavor en los ochenta.

Las cámaras de cuentas necesitan reformas, pero no sobra un órgano de fiscalización, de hecho quizá falten estructuras de control. La debilidad está en que la institución no atienda a su objetivo y se convierta en algo arbitrario y mero instrumento de erosión partidista. Por ejemplo, no es razonable que no haya sido fiscalizado ningún municipio de la «trama Gürtel» desde que se conoció el escándalo. Tuve la oportunidad de proponer una reforma de la Cámara de Cuentas, de su funcionamiento, de los modelos de fiscalización y de la composición de sus miembros, que fue rechazada.

Tampoco sobra el tan traído Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Es necesaria su reestructuración. También hemos propuesto en reiteradas ocasiones un Consejo que pudiese emitir informes sobre asuntos tan importantes como la privatización de la sanidad, la venta del Canal de Isabel II o la reforma electoral de la Comunidad de Madrid. También la propuesta fue rechazada por innecesaria por quien hoy quiere hacer desaparecer la institución.

Si se trata de apuntar y disparar contra presidentes autonómicos, que desaparezca el Consejo, pero si se trata de mejorar la democracia, reformémoslo. Pero en realidad los argumentos se sustentan sobre la necesidad de ahorrar recursos.

Hace algún tiempo, el diputado José Andrés Torres Mora publicó un artículo comparando el coste de algunas democracias. El presupuesto de la Asamblea Nacional francesa es de 534 millones de euros; el del Bundestag alemán, de 682 millones de euros; el Congreso de los diputados, 87 millones anuales y no somos ni la sexta parte en población que Francia, ni la octava que Alemania. Sin embargo, el presupuesto del Real Madrid es de 540 millones y el del Barcelona, de 509 millones. Como decía Torres Mora, no tendremos la mejor democracia, pero sí tenemos el mejor fútbol de Europa.

La sra. Cifuentes no está en condiciones de aumentar ni un euro los recursos, pero debería empezar por utilizarlos mejor mediante la reforma y no la eliminación.