Hay que cumplir la ley

Probablemente el principal problema de nuestro sistema político es la corrupción. Con una diferencia. Antes, y según las encuestas, las preocupaciones de los ciudadanos fluctuaban a golpe de actualidad. Bastaba un atentado para que la inquietud por el terrorismo escalase en el ranking de preocupaciones; o con la seguridad ciudadana, por razón de un suceso especialmente impactante, etc. Ahora la inquietud por la corrupción es constante; pero de preocupar ha pasado a indignar y de ahí se ha ido a la deslegitimación, si no del sistema, sí de la política. No seré yo, por tanto, quien se oponga a cuantas reformas legales sean precisas para atajar este mal. Habrá que esperar a que se concrete qué aportan. Yo desconfío del poder taumatúrgico que algunos atribuyen a las leyes y rechazo el planteamiento de aquellos políticos que piensan que su responsabilidad acaba en el BOE. Lo digo porque si hay lagunas legales o gateras por donde se cuela la corrupción, habrá que actuar sobre ellas. Ahora bien, nuestro ordenamiento tiene muchas previsiones: aparte de las declaraciones de bienes e intereses por los políticos o de los códigos de buenas maneras, están las previsiones legales para la contratación pública, para las subvenciones y no digamos en materia tributaria; a esto añádase el control del gasto por la Intervención y las normas que rigen la actuación administrativa, etc. Y esto sin olvidar lo de siempre: los delitos de cohecho, malversación tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios o la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

Ojalá esta batería de iniciativas solucione algo. Con todo, sí que habría que depurar el término «corrupción» porque va mucho más allá del Código Penal: supone toda una concepción del ejercicio del poder. Corrupción son tratos de privilegio, prebendas, emplear el poder como lanzadera tras su abandono, etc. Como ha dicho alguien, la cuestión no es saber cuánto gana el ministro, edil o consejero, sino lo que gana en los años que siguen tras dejar de serlo; y corrupción es favorecer a grupos de interés económico, dictar normas ad hoc –con destinatarios privilegiados– que se lucran de merodear o cortejar al poder.