Iniciativa popular

Casi todo lo ocurrido este mes de agosto en la izquierda, incluidas algunas de las posiciones adoptadas sobre Gibraltar, indica lo que era previsible, pero no del todo seguro, ya que siempre cabe la posibilidad de rectificar. Y es que el PSOE sigue en la posición tradicional adoptada desde principios del siglo pasado, y acentuada con Rodríguez Zapatero en el nuestro: cualquier cosa vale con tal de que no gobierne el centro derecha. La traducción de esta actitud está clara. El PSOE renuncia a elaborar una propuesta propia, capaz de articular una mayoría social y política, y apuesta una vez más por una alianza en la que participa todo el espectro a la izquierda del PP, sin excluir a nadie. Como es lógico, Izquierda Unida es la auténtica estrella de esta gran coalición. Andalucía es el modelo que el PSOE quiere aplicar en el gobierno central.

Esto obliga al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy a adoptar posiciones prudentes, que eviten en la medida de lo posible las confrontaciones abiertas. Aquí el PP, aunque no resulte perdedor, se dejará siempre algún apoyo. Eso acabaría desgastando su posición, que es el objetivo primero del PSOE. Sin embargo, esto no quiere decir que el PP no tenga que tomar la iniciativa. Al contrario.

En el asunto Bárcenas, la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso demostró que la estrategia de negarse a ceder a un chantajista, aunque sea un chantajista bien jaleado, da resultado cuando se acompaña de la confianza en la opinión pública, a la que no conviene dejar sin argumentos. El mejor complemento a esta actitud consiste en seguir profundizando en la transparencia y en la austeridad en el gasto público, que es tanto como empezar a restaurar la confianza en lo público. Lo que está en juego es, además del Gobierno del PP, el prestigio de la «política», es decir del sistema democrático liberal.

En esta línea va a ir también la política económica del Gobierno. Ya está dando resultados, alguno de ellos espectacular, como el incremento de las exportaciones. Es lógico, por tanto, que el Gobierno se proponga continuar y profundizar unas reformas que en dos años han demostrado su eficacia. No son, como ya hemos podido comprobar, cambios bruscos ni radicales. Son medidas reformistas que permiten una mayor flexibilidad y una mayor capacidad de decisión para los agentes económicos. Es lo único –y el gobierno de Rajoy lo sabe– que puede contribuir a que los fundamentos del Estado de Bienestar sobrevivan a la crisis.