Investigación patrocinada

Una pesadilla kafkiana vive la familia de Marta del Castillo, que busca en vano el cuerpo de la adolescente asesinada desde hace casi un lustro. El Estado, omnipresente en nuestras vidas sobre todo a la hora de exprimir al contribuyente, se ha mostrado incapaz de darle a esta pobre gente el magro consuelo de proporcionarle a la difunta una sepultura digna. Ni hablemos de la mínima reparación que supondría ver un atisbo de justicia en una causa judicial saldada con una pena levísima y algunas absoluciones lacerantes. La enésima versión de Miguel Carcaño, tal vez verdadera en cuanto que podría reportarle beneficios penitenciarios, señala una finca como el lugar del enterramiento. Pero ninguna administración libra los euros necesarios para una búsqueda concienzuda, sino que es la empresa propietaria del georradar la que lo presta con fines mitad comerciales mitad filantrópicos. Se esponsorizan las pesquisas policiales y acabarán siendo los grandes despachos de abogados los que paguen los sueldos de los jueces. Una preciosa forma de celebrar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, podados en casi todas sus partidas excepto en la los salarios para los militantes, amiguetes y paniaguados de las cuatro administraciones. A esto ha quedado reducida España: una nación en la que los impuestos recaudados con presión fiscal escandinava no dan para buscar los restos de la víctima de un crimen porque una alcaldesa se ha gastado más de cien euros en un recambio para su estilográfica. O sea, que vivimos en una cloaca.