Invocar la Ley

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, los miembros de Gobierno y los dirigentes de los partidos que le acompañan en su aventura independentista deberían recordar cómo invocaron la Ley cuando, allá por junio de 2011, los indignados del 15-M les acosaron a la entrada del Parlamento catalán. La Consejería de Gobernación catalana no se anduvo con contemplaciones para reprimir a los manifestantes, hasta el punto que el propio Artur Mas pidió «comprensión» al pueblo catalán «por las cargas policiales» que se pudieran producir contra aquellos a los que entonces calificó de «violentos y transgesores de la línea roja que actuaban con indignidad».

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, leyó una declaración institucional en la que rechazaba los acosos y subrayaba que «puede que nuestro sistema democrático tenga imperfecciones, pero yo prefiero una democracia, aunque sea imperfecta, antes que el caos violento que nos hemos encontrado hoy».

Coincidiremos en que la democracia se sustenta en el respeto y acatamiento de las leyes, base esencial en un Estado de Derecho. Las urnas aparecen como instrumento para la modificación del ordenamiento legal. Ante semejante premisa, no vale la interpretación parcial del mismo, como pretenden los impulsores secesionistas. Cataluña es España y se rige por la Constitución, en la que se consagra taxativamente que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artículo 1.1)». No trocea ni prevé en modo alguno otra España hasta otorgar la soberanía de cada comunidad autónoma a los habitantes de la misma.

Artur Mas y los suyos deberían frenar los altercados callejeros en lugar de animarlos y costearlos –terminarán por no controlarlos– y centrar todas sus fuerzas en la negociación sin perder de vista el cumplimiento de la Ley. Así es la vida.