Juicio penal, juicio moral

En la aproximación al juicio contra José Ortega Cano se mezclan la compasión por un señor enfermo y sumido en gravísimos problemas de toda índole, que además fue un artista fantástico, y el rechazo sin matiz de su comportamiento imprudente (ya dirán Sus Señorías si más que imprudente: tiene toda la pinta de que sí) que terminó con la vida de Carlos Parra. Esta división sentimental será humana, seguro, pero resulta del todo execrable. El acusado que por su actividad profesional o por la raíz política de sus crímenes goza de popularidad entre un sector de la población se beneficia de una campaña de blanqueo tendente si no a culpabilizar a las víctimas, que también, sí a «victimizar» (excusas por el palabro) al presunto culpable. Lo que convierte al perjudicado en un sujeto indefenso y doblemente victimado, primero por su verdugo y luego por la corriente de simpatía que éste genera. De Ortega afirman ciertos lobbistas rosas cosas similares a las que dicen de los mal llamados presos políticos vascos los argumentadores nacionalistas o secuestrados por el nacionalismo. Y el cinismo con el que se acoge durante el juicio a su derecho constitucional de mentir en defensa propia es idéntico. Para recibir un distinto trato penal al dispensado a los delincuentes habituales, lo primero debería ser marcar distancias éticas con ellos. O, a lo peor, el torero se puede permitir a un abogado que conoce mejor los vericuetos inmorales de la administración de justicia que el Derecho Natural. No se puede escupir sobre la memoria de un muerto con el cuento de «me mojé los labios».