César Vidal

Justicia para todos

Justicia para todos
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Por tercera vez en la Historia reciente –la última fue contra el socialista Bermejo– los jueces han ido a la huelga. No soy –es público y notorio– amigo de las huelgas sino más bien todo lo contrario. Con todo, creo que pocas huelgas pueden estar más justificadas que la de la Administración de Justicia. Aparte de reivindicaciones sempiternas como las relacionadas con la falta de medios, la protesta se dirigió contra un intento indiscutible de convertir la Administración de Justicia en una farsa indecente para beneficio de una casta política inmoral y corrupta. Las innovaciones que impulsa Gallardón van precisamente por ese camino. Si sus reformas acaban convirtiéndose en realidad la independencia judicial desaparecerá por completo de España. El Consejo General del Poder Judicial será una correa de transmisión totalmente sumisa ante el Poder Ejecutivo; los indultos constituirán una medida habitual –como lo han sido durante los meses que Gallardón lleva al frente del Ministerio de Justicia– para evitar que rindan cuentas ante la Justicia cualquier político corrupto o delincuente amigo; las instrucciones de las causas quedarán paralizadas en manos de unos fiscales que dependerán –¡otra vez!– de las órdenes emanadas del Gobierno y, finalmente, los jueces que pretendan ser independientes se verán tan privados de medios que, por mucho que lo intenten, no podrán hacer nada. Dará lo mismo que se endurezca en el código –dicho sea de paso, el castigo de la corrupción ya es bastante severo en la legislación vigente – porque no se aplicará y, caso de aplicarse, el indulto gallardoniano permitirá eludir la acción de la Justicia. Todo esto deja de manifiesto hasta qué punto la huelga era relevante aunque el Debate sobre el Estado de la Nación la haya eclipsado. Los ciudadanos deben saberlo. Si las intenciones de Gallardón se plasman legalmente, en España no quedará nada que se parezca mínimamente a la Justicia. Políticos corruptos del tres por ciento, de «nuestra cultura», de ERE podridos, de contabilidades B o de micrófonos en floreros que no se limpian durante meses camparán por sus respetos sin temor al castigo. Si acaso, el peso de la Ley caerá sobre los periodistas que pretendan informar a la sociedad de lo que llega hasta los juzgados. Bermejo fue obligado a dimitir con toda justicia por las togas. El destino de Gallardón debe ser el mismo porque quien defiende semejantes medidas se retrata como un enemigo declarado de la independencia judicial, de la libertad y, sobre todo, de la Justicia para todos.