La cojera de Transparency

Transparency International está muy bien, pero cojea, y con el paso de los años incluso pierde visión. Esta ONG dedicada a investigar el correcto funcionamiento y la gestión de los distintos niveles de la Administración pública, especialmente en lo relativo a los casos de corrupción, que es en realidad lo que buscan, sufre de una cierta escoliosis que le hace decantarse con frecuencia hacia lados escasamente neutrales, justo lo contrario para lo que fue diseñada. Y, en el caso español, esa desviación de columna es aún más evidente y descarada, al estar integrada su cúpula dirigente por ciertos personajes que, menos neutrales y justos, son de todo lo posible e imposible de imaginar. Vaya por delante que un servidor ha utilizado los informes de Transparency International en algunos de mis libros («El oasis catalán. La corrupción del poder», Ed. Espejo de Tinta, 2005), pero siempre lo he hecho con la prudencia y la ventaja que me proporcionaba el conocer las tendencias personales y políticas de parte de sus miembros. Me refiero, como no, a Carlos Jiménez Villarejo, tío carnal de la ex ministra socialista de Exteriores con Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, fiscal-jefe durante muchos años del TSJ de Cataluña y ariete de Felipe González en la acusación contra Jordi Pujol por el «caso Banca Catalana». Junto a Carlos Jiménez intervino en esa operación otro reputado fiscal llamado José María Mena, que, entre otras lindezas, se dedicaron durante años a buscar la lista de empresas que pagaban el «tres por ciento» a CiU por la adjudicación de obra pública. Ambos pasaron de ser activos militantes del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), a la «casa común» diseñada por Felipe González para acoger bajo el paraguas socialista a todas aquellas sensibilidades e intelectuales que se quedaron huérfanos con la desaparición de ese partido. Por eso les hablo de la cojera de Transparency International, una ONG de parte que en su último informe coloca a Murcia como la región menos transparente.

Califican a Murcia en su balance anual de 2012 con un 5,5 pelado, pero ocultan que sólo se hicieron 80 preguntas de las que se respondieron 55, lo que daría un resultado mínimo de notable y no el aleatorio que le coloca la ONG. ¿Manipulación? ¿Error de cálculo? Pues que cada uno le aplique el calificativo que quiera, pero si en 2010 tenía ese notable y las condiciones no han variado, lo lógico es que mantuviera la nota. Pero no, porque entonces como se justificaría la existencia de la propia Transparency International. Es más, el pasado año esta organización entregó su máximo galardón de transparencia a un municipio catalán, que antes de seguir leyendo pensarán que se trata de uno gobernado por los socialistas. Y bien que han acertado. Sólo que dicho municipio no es otro que Sabadell, donde al parecer se le pasaron algunas cosas por alto, como sucedió con Barcelona en la época en que Maragall se encontraba bajo la sospecha del «caso Movilma», un turbio asunto que permitió a empresas integradas por diputados del PSC acceder a 10.000 millones en adjudicaciones de obras municipales. Entonces, Transparency International miró para otro lado, como debió hacer el pasado año con el de Sabadell. Por eso, además de cojera, pierde vista.