La impunidad no es una opción

El pasado febrero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no veía delito cuando un piquete formado por Sánchez Gordillo y otros entró en diversos establecimientos durante la pasada huelga general. Amenazaron con que hasta que no cerrasen no se irían o que iban a comprar pero habían olvidado el dinero y en Mercadona anunciaron que, si no cerraba, volverían y tirarían todo al suelo. No se vio delito, pero sí una falta de coacciones. El Tribunal entendió que ese era el legítimo ejercicio del derecho de huelga.

Ahora, con motivo del 1 de mayo, se entra sin más en fincas –de nuevo Sánchez Gordillo- o bancos, en el caso de la PAH. Hace unas semanas hablaba en estas páginas del asalto a la propiedad–vía Boletín Oficial– diseñado por la Junta de Andalucía, ahora ya no hay que esperar a normas-coartada y se actúa directamente. Con los precedentes que hay, siempre se encontrará un derecho que llevarse a la boca –el de huelga, la libertad de expresión, a una vivienda digna, etc.–, luego la impunidad es una opción realista.

El Código Penal castiga la coacción, la amenaza y el allanamiento de morada porque protege la libertad y la inviolabilidad del domicilio. Tolerar esos hechos, no restaurar inmediatamente el orden infringido, no perseguirlos ni castigarlos equivale a derogaciones puntuales del Código. Cuando el Estado deja hacer y tolera, esos personajes se creen libres de toda traba y van a más. Así es como se acaba en una derogación general del orden jurídico.