La Infanta y la obsesión del juez

El juez Castro consiguió por fin satisfacer su deseo de tener a Doña Cristina declarando como imputada. La cita judicial era un auténtico despropósito, porque no existía ningún fundamento jurídico. Los informes de la Fiscalía, la abogacía del Estado y la Agencia Tributarias eran claros y contundentes en su exculpación de la Infanta, pero en una pirueta insólita el magistrado se mantuvo en sus trece con el apoyo ferviente de los «fiscales mediáticos» y algunos partidos que sólo buscan deteriorar la imagen de la Monarquía. Por supuesto también contaba con las maniobras de unas acusaciones populares que están movidas por intereses partidistas, porque para defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés era público ya está la Fiscalía. Lo que se trataba era de sembrar la sombra de la duda en un feroz ataque contra la honorabilidad de Doña Cristina. Lo han conseguido porque el daño está hecho, aunque será desimputada porque el juez Castro se ha quedado sin argumentos. Doña Cristina contestó con firmeza y claridad, porque no tenía nada que esconder como ha mantenido su defensa desde el primer momento. La paradoja es que aquellos que hablan de igualdad realmente prefieren la condena mediática porque la verdad judicial no satisface a sus deseos e intereses.

El problema no está en esos inquisidores faltos de conocimientos judiciales y sobrados de fervor antimonárquico, sino en el comportamiento injustificable de un juez instructor que ha sobrepasado los límites de lo razonable por motivos que nada tienen que ver con la marcha del proceso. La contundencia de los informes de la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado así como la posición de la Fiscalía le tendrían que haber hecho desistir porque no había fundamento para proseguir con su campaña de acoso contra la Infanta. Los ciudadanos tenemos que tener la certeza de que un juez se mueve impulsado por el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. No ha sido así con el juez Castro. Su decisión de imputar a la Infanta fue claramente arbitraria y un claro despropósito impropio de un jurista.