José María Marco

La resistencia

El Premio Ciudadano Europeo se otorga, al parecer, a aquellas personas «que promuevan la integración entre ciudadanos y los Estados miembros o faciliten la cooperación transnacional en el seno de la Unión, y a los que día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE». Este año el premio se lo han dado a Ada Colau, la líder de un grupo español bien conocido en nuestro país por aplicar aquí tácticas de acoso personales importadas de Argentina, donde, a su vez, llegaron desde la Cuba castrista, donde desde hace muchos años se ataca y se violenta a los disidentes exactamente de esta misma manera.

El Parlamento Europeo ha premiado a una persona que aplica tácticas de milicianos totalitarios destinadas a acallar y a ser posible hacer desaparecer a quienes se atreven a manifestar su desacuerdo. Parece que estos son los valores que promueve la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los que apoyan los miembros del jurado, entre ellos dos vicepresidentes de la Cámara, el Presidente del Foro Europeo de la Juventud –un señor llamado Peter Matjasic– y dos expresidentes del Parlamento, uno de ellos el español y socialista Enrique Barón.

La Unión Europea ha sido y es importante para nuestro país por muchas cosas. Lo es en particular porque nos ancla en una realidad política e institucional donde la estabilidad es el valor fundamental, un hecho ajeno a la tradición y la cultura de las fuerzas políticas españolas, en particular a la izquierda y a los nacionalistas. Este voto indica tal vez que esto ha empezado a cambiar. La crisis ha planteado con claridad la imposibilidad de sostener un modelo económico, social y cultural como aquel en el que vivimos los últimos años. Grupos como los de Ada son, por ahora, la manifestación más extrema, salida de las cavernas del totalitarismo castrista, de oponerse a cualquier cambio.

Si tomamos el Premio como un síntoma, parece que las tentaciones populistas empiezan a rondar el núcleo mismo de la Unión. Es probable que algunos burócratas europeos empiecen a pensar que ése no es del todo un mal camino, sin contar con que contribuye a poner obstáculos justamente a aquellos países que se han atrevido a iniciar reformas de calado, como es España. Esperemos que alguien –en particular el Partido Popular Europeo– imponga algo de sensatez y que las instituciones europeas no se conviertan, como en buena medida son ya muchas instituciones nacionales, en la nueva avanzadilla de la resistencia a las reformas.