Largo lo fían

Y no me refiero con el titular a los plazos en los que liquidan a sus socios agricultores y ganaderos una buena parte de las cooperativas españolas. Ni a los precios que terminan pagando, asunto que se deberá abordar en algún momento, sino a la idea que ha lanzado el Partido Popular Europeo (PPE), que ha propuesto retrasar hasta el año 2025 la entrada en vigor de la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

En un principio estaba previsto que en los próximo años se negociaran cambios en la actual normativa de la PAC, para que comenzasen a aplicarse en 2021. Sin embargo, tal y como están las cosas y tal y como se presenta el calendario previsto, con elecciones al Parlamento Europeo y nueva composición de la Comisión Europea para dentro de dos años, en 2019, será muy difícil que se puede cumplir ese plazo y lo más probable era que la entrada en vigor de la nueva PAC se retrase, al menos, un par de años, hasta 2023.

Pues bien, ahora los populares europeos han adoptado su posición sobre la reforma de esta política, en la que consideran que la normativa actual debería aplicarse hasta 2024, incluido.

Destacan también que, con ese aplazamiento, se evitaría la coincidencia entre las negociaciones para reformar la PAC y las que se desarrollarán sobre el nuevo Marco Financiero de la UE a partir de 2021 y se dispondría, asimismo, de más tiempo para analizar el impacto del Brexit y los resultados de la legislación vigente.

Los populares europeos quieren que la futura PAC siga siendo una política común. Rechazan, por tanto, la cofinanciación nacional de las ayudas directas, que es una de las alternativas que se han barajado, y defienden una simplificación, sobre todo de los controles y las medidas de reverdecimiento. Asimismo, plantean reforzar el poder de negociación de las organizaciones de productores en la cadena alimentaria, con exenciones de las normas comunitarias sobre competencia, asunto peliagudo donde los haya. Falta hace.