Limpieza general

Llueve sobre mojado. La tormenta de la corrupción arrecia y amenaza con invadir los sótanos del poder. Un temporal huracanado sacude la calle. La gente está harta de tanta desvergüenza. El contraste entre la lujosa vida de los ladrones de guante blanco y las estrecheces de la mayoría de las familias hace que aumente la irritación popular contra la clase dirigente. Todos los ricos están hoy bajo sospecha en España. Lo mismo que toda la clase política. Así somos aquí de simplificadores y apasionados. Ya no se hacen distinciones. ¡Al ladrón!, grita la gente a cualquier sospechoso que llega al Juzgado, o se encamina a su despacho oficial o a un restaurante de cinco tenedores o conduce un coche de alta gama. ¡Al ladrón! es el grito de los desesperados. ¿Presunción de inocencia? ¿Qué es eso? Lo único que vale es que se han aprovechado del cargo para llevarse el dinero de todos a paladas. Y los de arriba lo han permitido, han mirado para otro lado o no se han enterado. El hecho de que durante la crisis económica hayan aumentado aquí los millonarios en contraste con las penurias de la mayoría, cuyo nivel de vida, según las estadísticas, ha retrocedido diez años, hace que la protesta sorda se cargue de razón. Lo que más irrita, por ejemplo, de las tarjetas de Caja Madrid es el lujoso uso que se ha hecho de ellas. Hay un sentimiento de injusticia y de asco y una conciencia incipiente de cambio. Cualquier nuevo episodio judicial en el que aparece imputado un personaje conocido incendia la opinión pública. La última redada –la redada «púnica» –que afecta de lleno al partido gobernante y corta el vuelo al socialismo renovado como alternativa creíble, ayuda a las nuevas formaciones políticas, aún sin estrenar, a dar el asalto al poder sin tener en cuenta el prudente consejo de que los experimentos con gaseosa o aquel otro de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Este ambiente hipercrítico se ha convertido en un tsumani que amenaza con llevarse todo por delante, sin dejar sitio para la serena reflexión y, mucho menos, para las conclusiones positivas de la alborotada situación. Y estas conclusiones están a la mano. Es bajo el Gobierno de Rajoy, el más perjudicado en este trance y que ha tenido que pedir perdón, cuando se está llevando a cabo en España la primera gran operación de limpieza. Toda esta cadena de sonados episodios judiciales contra la corrupción, que no serán los últimos, han venido promovidos por la Policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, el FROB y la Fiscalía Anticorrupción, que dependen directa o indirectamente del Gobierno. Así que algún mérito habrá que atribuirle a Rajoy y a su Gobierno en la operación de limpieza. La denuncia de la prensa, que está cumpliendo un meritorio papel divulgador, no ha obedecido, como en el «caso Watergate», a una investigación propia, sino a filtraciones más o menos interesadas. Otra conclusión positiva es que todo este zafarrancho, caiga quien caiga, demuestra que funciona en España el Estado de Derecho, que la Justicia está actuando con independencia, que asistimos a una catarsis y que, por tanto, la batalla contra la corrupción empieza a ganarse. En este sentido, nada es lo que parece. Estamos ajustando cuentas al pasado e instalando controles, aunque sea un poco tarde. El estrépito de la tormenta impide contemplar el lado amable del paisaje nacional.