Me limito a preguntar

Más de cincuenta terroristas etarras están en la calle. Asesinos de niños entre ellos. Ante mi mesa de despacho, un dibujo original de Antonio Mingote que fue portada de ABC. Un niño en el suelo, muerto, rodeado de un charco de sangre. «Otro éxito militar de ETA», es el texto. Son recibidos los asesinos con vítores y homenajes, mientras la Policía autonómica vasca, la «Ertzantza» permite la ignominia con una pasividad pasmosa. La sentencia de Estrasburgo, los pactos políticos y la urgencia desaforada de los jueces.

Y diez de los peores asesinos, violadores, depredadores de España están en la calle. Emilio Muñoz, asesino de Anabel Segura. Ricart, de las tres niñas violadas de Alcásser. Manuel González, violador de dieciséis mujeres, una de las cuales murió por defenderse. Juan Manuel Valentín, violador y asesino de la niña Olga Sangrador. Pedro Luis Gallego, asesino de Marta Obregón y Leticia Lebrato y autor de dieciocho violaciones más. ¿Es posible que semejante tragedia social esté sucediendo en España?

Y me limito a preguntar. ¿Quiénes son los responsables? ¿Sólo los jueces? ¿Son de obligado cumplimiento las sentencias del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo? Algunos Gobiernos de determinados países sin complejos se han pasado las sentencias de Estrasburgo por las enaguas silvestres. ¿Por qué no han actuado con firmeza Gobierno, Oposición, partidos políticos presumiblemente partidarios de la Justicia, Fiscal General y Abogacía del Estado? Y me limito a preguntar: ¿Están amparados por algún tipo de inmunidad los componentes del Tribunal de Estrasburgo? Supongamos –y es suposición con muchas posibilidades de producirse–, que un asesino y violador de niñas, ya en libertad, en unas semanas o meses, vuelva a las andadas. Ni han pedido perdón ni se han arrepentido de sus salvajadas. ¿Serían los miembros del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo responsables de los crímenes y violaciones venideros?

Me limito a preguntar: ¿Las leyes españolas contemplan la posibilidad de que un ciudadano, o un grupo de ellos, o una asociación formada con ese exclusivo fin, puedan interponer una querella criminal contra quienes han llenado de basura, sangre y miseria la libertad en España? ¿Quiénes son, a excepción de Luis López Guerra que ya sabemos quién es, una maltesa, un islandés, un croata, un checo, un macedonio o un escocés, para abrir las cárceles en España y humillar a su sociedad con la libertad de decenas de asesinos en serie? ¿Cumpliría el Reino Unido una sentencia de esta índole? ¿Y con esta urgencia? ¿Y con esta generosidad para con los asesinos? Jamás. Se utilizarían todos los trucos legales posibles y probables para impedir esta sacudida de basura en la vida cotidiana británica. Y Francia. Y Alemania. ¿Por qué sí España?

Me limito a preguntar. En España, las víctimas del terrorismo y las familias de las niñas violadas, secuestradas, torturadas y asesinadas jamás han actuado impulsadas por la venganza. Creían en la Justicia, y a la Justicia española se sometieron. Y la Justicia española acataron y respetaron. ¿Esa sentencia redactada y firmada por un grupo de supuestos gamberros manipulados por el perverso socialista López Guerra ha provocado que los damnificados por la injusticia piensen en la venganza? ¿Se trata de una sentencia o de una provocación? Pero me limito a preguntar y me repito: ¿Nos podemos querellar con los ilustres canallas que nos han llenado de basura las calles de España? ¿Son inmunes? ¿Es posible que en un futuro, López Guerra pueda ser juzgado y condenado por prevaricación? Me limito a preguntar.