César Lumbreras
Montoro y Soria, contra Arias
Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Tanto si finalmente el PP presenta como candidato al ministro de Agricultura, Arias Cañete, como si no, el Gobierno y el grupo político que le apoya tienen un problema importante de cara a este proceso electoral: el malestar creciente en una parte del sector agrario por cuestiones que no son competencia directa del Ministerio de Agricultura, sino de los departamentos de Hacienda y de Industria dirigidos por Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. De entrada, las comunidades de Regantes y las organizaciones agrarias han convocado movilizaciones en las próximas semanas para pedir que se cambie el sistema de tarifas eléctricas, que perjudica gravemente sus intereses. Si Soria y el secretario de Estado Nadal se mantienen erre que erre, como hasta ahora, haciendo oídos sordos, la situación se puede complicar e incidir en la campaña electoral. Otro tanto pasará si no se da una solución al problema de las plantas de tratamiento de purines, que están cerrando a causa de la reforma energética puesta en marcha, lo que provocará, no sólo problemas económicos, sino también medioambientales de una gran magnitud.
Pero hay más asuntos que pueden estallar en plena campaña electoral, entendida en sentido amplio, y complicarla. En este caso el problema para Arias, o para el candidato del PP, viene del lado de Montoro. Se trata de la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo. Salvo que cambien de opinión, los expertos de la Comisión Lagares se han mostrado partidarios de eliminar el régimen de módulos para los autónomos. Son muchos todavía los agricultores y ganaderos que utilizan este sistema, muy favorable para sus intereses tributarios. Si el Gobierno opta por la supresión, habrá malestar, enfado y cabreo gordo. Para que no interfiera en la campaña electoral, habría que retrasar la decisión sobre las propuestas fiscales. En resumidas cuentas, que se avecinan tiempos duros en la relación entre buena parte del sector agroalimentario y el Gobierno, y no por cuestiones de política agraria estricta.
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