No perder un euro

La premisa fundamental de la que debe partir el proceso de negociación para repartir el dinero que ha correspondido a España en la reforma de la PAC es que no se pierda ni un euro de los que puedan llegar de Bruselas.

A partir de ahí hay que negociar todos los criterios de reparto y establecer las combinaciones que se crean oportunas. Todo lo anterior viene a cuento de los debates que tienen lugar para definir la figura de agricultor activo (el que tendrá derecho a recibir las ayudas de la PAC). Hay una corriente de opinión favorable a que se considere activos sólo a los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios del Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social (los autónomos). Pues bien, si éste fuese el único criterio se podrían perder en España cada año 3.193 millones de euros, que se quedarían en las arcas comunitarias, según un estudio del Ministerio de Agricultura.

En España hay 903.854 beneficiarios de las ayudas, de los que sólo 152.565 están afiliados al citado régimen, lo que supone el 16,9 por ciento. Ese colectivo percibe 1.836 millones de euros, lo que significa el 36,5 por ciento de la cantidad total de ayudas directas, que es 5.030 millones de euros. De aplicarse solo ese criterio dejarían de recibir ayudas las empresas, los jubilados, algunos agricultores a tiempo parcial y los que coticen en otros regímenes de la SS. No parece que ésta sea la solución más adecuada, porque regalaríamos a Bruselas esos 3.193 millones de euros cada año.

El sentido común indica que deben combinarse distintos criterios para conseguir un doble objetivo: no perder un euro y facilitar el relevo generacional.