Ocurrencias en vísperas electorales

No se pueden dejar los problemas en un cajón para que se solucionen solos. Lejos de arreglarse, lo más probable es que se pudran. Con la proximidad de las elecciones en Cataluña se pone de manifiesto la pasividad del señor Rajoy respecto al problema nacionalista. En los últimos días estamos asistiendo a propuestas, fruto de la improvisación, que intentan ganar algún espacio electoral de cara a septiembre. La izquierda debe tener cuidado con abrazar posiciones políticas que están lejos conceptualmente de la izquierda de progreso.

Los socialistas tienen dos enemigos ante los que debe mantenerse vigilante, el nacionalismo y el egoísmo. El nacionalismo es una ideología antigua y anticuada, difícilmente compatible con un mundo abierto y sin fronteras. El egoísmo es el demonio contra el que ha luchado el socialismo desde su fundación.

El conflicto autonómico, teñido de egoísmo, de victimismo, o de ambas cosas a la vez, se ha convertido en el refugio de quienes no tienen otra respuesta que dar a los problemas de la gente. Una visión progresista del Estado requiere pasar de la fase reivindicativa entre comunidades autónomas a la fase cooperativa.

El sistema autonómico no buscaba ponernos a unos frente a otros, sino unirnos sólidamente ante el mundo.

Con el tiempo nos hemos encontrado con que se han puesto a competir para ver quién baja más impuestos en sus tramos autonómicos, al tiempo que reclaman financiación de la caja común.

Aún recuerdo cuando el señor Monago reducía los impuestos en Extremadura a los más ricos y luego pedía solidaridad a las demás comunidades autónomas. No es sensato. Hay que revisar el sistema de financiación, pero empezando por la base, por la recaudación.

Mientras no haya un sistema de recaudación justo, cualquier sistema de reparto será injusto. No podemos estar pidiendo la armonización fiscal en Europa y fomentando la dispersión fiscal en nuestro país.

Por supuesto no estoy hablando de limitar la libertad de nuestras autonomías, sino de ampliar su sensatez y eliminar la demagogia, tanto de los gobiernos como de quienes aspiran a gobernar.

Y después de armonizar la recaudación, debemos establecer el reparto no sólo en función de los habitantes sino del acceso a los servicios, para conseguir que todos los españoles tengan derecho al mismo nivel de servicios, vivan donde vivan.

Porque lo que debe importar a una persona de izquierdas no son los territorios, no son las fronteras ni las fincas, sino las personas. Por eso no hay territorios con más renta ni territorio con menos. Hay personas con más renta y personas con menos renta, y lo contrario al egoísmo es que el que más tiene contribuya más a la mejora colectiva que el que menos tiene. El sistema fiscal y el gasto público que se realiza en Sanidad, Educación o prestaciones sociales con los ingresos obtenidos, son los instrumentos de redistribución para conseguir una sociedad menos desigual.

Por ejemplo, un estudio de dos investigadores, Rodríguez y Calonge, analiza el efecto redistributivo de la sanidad. En él, se evidencia claramente que en España se produce esencialmente por el lado del gasto, ya que se financia proporcionalmente pero se utiliza en función de necesidad y éstas son mayores en población de menor renta. Concluyen que es el 21% más rico de la población el que financia el 87% de ese volumen de prestaciones que son redistribuidas en términos netos.

Si el criterio dejan de ser las personas y sus rentas para dar paso a los territorios y su renta media, no sólo es anticuado y nacionalista, sino que también es egoísta y rompe con los postulados de la izquierda.

Nuestro país debe caminar hacia una reforma fiscal integral, una reforma que exija el afloramiento de la economía sumergida y la lucha contra el fraude fiscal. Lo cual pasa por dotar de medios suficientes a la Inspección Fiscal y Laboral, así como por incrementar el peso de las transacciones electrónicas.

Los Gobiernos autonómicos se deben saber parte del Estado y por tanto corresponsables en que todos los españoles tengan garantizada la igualdad en el acceso a las prestaciones, también los que no viven en su comunidad autónoma. Las ocurrencias, como los nuevos pactos fiscales que premian a los territorios donde viven más ricos, evidentemente benefician a los ciudadanos más ricos. Ese no es el camino.