Penélope y Sísifo

No seré yo el que reste valor a cualquier impulso reformista que pretenda fortalecer nuestro sistema de Justicia, y en esta línea es muy positivo que los partidos políticos diseñen en sus propuestas de gobierno reformas en esta materia. En lo que a la Justicia se refiere, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el modo de elección del Fiscal General del Estado son temas, que tal cual Penélope, suponen un ejercicio de coser y descoser permanente, y por ello intentar alcanzar un acuerdo entre las principales partidos políticos no es malo. Los diseños de estas tres instituciones corresponden a la Constitución, y por ello, cualquier cambio en su esencia requiere de una reforma constitucional que pasa obligatoriamente por el consenso que la propia Carta Magna impone, mayorías reforzadas en Congreso y Senado. Pero estas mayorías reforzadas no deben verse como rigideces en sí mismas, sino al contrario, un saludable quorum que exige la búsqueda de este amplio acuerdo en el diseño de los referidos órganos; de esta forma, se pondría fin a los constantes cambios que por vía de Ley Orgánica se han producido, hasta el punto de que como ha ocurrido con el CGPJ en su última reforma, en la que con muy buena intención se ha podido desdibujar su diseño constitucional. Ahora bien, resultaría espléndido que las reformas se orientaran hacia los intereses de los ciudadanos, y no de los políticos, porque si esto se hiciera así, pronto llegaríamos a la conclusión de que los órganos no están tan politizados como se quiere trasladar a la opinión pública. Esta imagen de politización de estas instituciones, que no del Poder Judicial, compuesto por jueces y magistrados, se traslada en gran medida por los medios de comunicación cuando quienes ejercen sobre ellos su liderazgo ideológico no comparten alguna de las decisiones de aquellos organismos, y también por algunos partidos políticos que cuando se encuentran en minoría y no pueden copar la mayoría de los mismos tratan de cuestionar permanentemente sus decisiones y deslegitimar su actuación concreta. Los órganos constitucionales relacionados con la Justicia deben responder al pluralismo político entendido como valor constitucional, y no como reinos de taifas, de tal modo que una vez compuestos, tal cual precipitado químico, si lo revolvemos, tome un color diferente al de aquellos que han contribuido a su concreta composición. Eso sí, una vez decidido el modelo, la única forma de que el sistema funcione, y que parezca que funcione, es asumir y respetar sus consecuencias, porque si no volveremos al permanente cuestionamiento de su funcionamiento, generando en los ciudadanos una desazón y preocupación inversamente proporcionales a sus problemas reales. Ahora bien, estos problemas de la Justicia no pasan por eso que se llama la despolitización de la misma, sino por un profundo cambio en la reasignación de sus efectivos, y en la gestión de sus procesos y procedimiento, y como he dicho, pensando de verdad en la gente. Decía Aristóteles que si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia, y yo añado que si los políticos practicaran el diálogo sincero, no serían necesarias tantas reformas.