Privilegios para políticos

¿Debería ser penado el Gobierno de la Comunidad Valenciana por aprobar una Ley a sabiendas de que es ilegal? Es lo que ha hecho el Consell de Ximo Puig y el Parlamento Autónomico con los votos del PSOE, Podemos y Compromís con la «Ley por la Función social de la Vivienda», ya en vigor aunque presenta todos los números para que el Gobierno de España la recurra ante el Tribunal Constitucional.

Digo que los responsables de la Norma, promovida en este caso por la consejera María José Salvador, conocían su ilegalidad, porque unos cuantos de sus postulados son los mismos que las de Canarias, País Vasco y Andalucía y contra las que ya falló en su día la Alta Magistratura.

¿Por qué el Gobierno valenciano y los demás actúan de ese modo? Primero, porque no sufren ninguna consecuencia. No les pasa lo que al resto de los contribuyentes, que si nos saltamos una ley, somos condenados si no descuartizados. Segundo, porque esta clase de políticos –la izquierda radical nos lo demuestra cada día–sustentan sus bazas inviables en la demagogia. Si no se cumple aquello que saben imposible, echarán la culpa a quien obliga a obedecer las leyes. Y tercero, porque la foto está conseguida. En definitiva, porque es gratis promover «viviendas para todos» aunque sea vulnerando el derecho de propiedad por más imposible que esto sea. En respuesta a la pregunta inicial, tan sólo expongo: si prevaricación es «un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta», la contestación lógica conduce a analizar si los componentes de un Gobierno y los diputados son «autoridad, juez o funcionario». Así es la vida.