Procorrupción

Como todos los juristas que deben su nombramiento a políticos, los fiscales «anticorrupción» cuidan los intereses de la casta. En el cargo desde 2003, a Antonio Salinas lo eligió Jesús Cardenal (PP), sobrevivió dos legislaturas al esquinado Cándido Conde-Pumpido (PSOE) y se mantiene con Eduardo Torres Dulce pese a que éste pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales mientras que él pace en la progresista UPF. Este insólito consenso en torno a la denominada Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada obedece a la necesidad de saber en qué casos debe contemporizar y en cuáles cargar la mano en Ministerio Público, gobierne quien gobierne. Cuando un juez o sala pica demasiado alto, se encuentra con actitudes abiertamente obstruccionistas por parte de estos últimos cancerberos de la impunidad de quienes les han procurado canonjía y salario acorde. Así, Mercedes Alaya con su último auto, recurrido ayer por Anticorrupción pese a estar dictado por una recomendación agosteña de la Audiencia. Purita esquizofrenia. La imputación de Griñán y Chaves puede morir en el útero materno por intercesión de los mismos que decidieron no recurrir las absoluciones de Camps y Pepe Blanco o por quienes están haciendo lo posible para sacar a Urdangarín de las garras de Castro. Las jurisdicciones especiales tienen virtudes pero también defectos: el principal, la quiebra del principio del juez natural. Y en un país como España, penetrado hasta tuétanos por la política, sirven como diques protectores para los que mandan en todo.