¿Qué más tiene que pasar?

El presidente Rajoy defendió ayer su actuación y la de su Gobierno en relación con los movimientos secesionistas de Cataluña. Frente a los que le acusan, dentro y fuera de su partido, de pasividad ante un reto tan grave, exhibió su firmeza inconmovible en defensa de la Constitución y su actitud sensata y equilibrada el 9-N. Creo que no le falta razón. El Gobierno en lo que falla estrepitosamente es en la política de comunicación. Mientras los nacionalistas catalanes se han gastado los cuartos en llamativas campañas de agitación y propaganda, con costosas empresas especializadas, dentro y fuera de España, en La Moncloa y en la calle Génova se han conformado con los consejos de Arriola. La ocasión merecía algo más. En un caso como éste, que amenaza la convivencia democrática en Cataluña y la propia razón de ser de España, la batalla en la opinión pública parece un elemento decisivo.

Los tentáculos de la propaganda de los independentistas catalanes han alcanzado incluso a influyentes medios de comunicación de Madrid, que se han contagiado de su lenguaje y llegan a criticar con parecido o más ahínco a Rajoy que a Más. En esto ayudan irresponsablemente los nuevos e inexpertos dirigentes socialistas, empeñados en jugar a dos bandas, en un equilibrio inestable y equidistante, y de sacar provecho electoral del gravísimo asunto con chácharas sin contenido. A la mesura y el equilibrio de un gobernante prudente llaman pasividad y ausencia por negarse a tomar la iniciativa de una aventurada reforma constitucional destinada a contentar, cosa harto difícil, a los soberanistas catalanes. Lo que se echa en falta, en unos y en otros, en estos momentos críticos es un poco de patriotismo y una defensa cerrada de la Constitución vigente. Todo menos jugar, como jugaron los socialistas y otros con el general Armada en vísperas del 23-F, a peligrosas salidas extraconstitucionales.

Parece que la Justicia está dispuesta a procesar al presidente de la Generalidad de Cataluña, al que se acusa de distintos delitos, confesados retadoramente por él la noche del 9-N. En un Estado de Derecho, lo menos que se puede hacer es dejar a la Justicia que actúe libremente, sin injerencias de nadie, y exigir que los delitos no queden impunes por conveniencias políticas. El desafío de Artur Mas, haya fracasado en la falsa consulta popular del domingo, como afirma Rajoy, o haya obtenido un rotundo triunfo como él asegura, tenía que acabar mal a la fuerza. Hasta ahora el presidente Rajoy, a quien tantos critican y caricaturizan estos días, ha ganado, dentro y fuera de su partido, todos los pulsos y desafíos. No ha sido el menor, a pesar del coste social y personal que aún está pagando, sacar a España del barranco económico en que se encontraba. Conviene tenerlo en cuenta. Si el nacionalismo catalán sigue su atolondrada carrera plebiscitaria hacia la declaración unilateral de independencia, como propone el iluminado Oriol Junqueras, ya sabe a lo que se expone: la aplicación automática del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía por cinco años con el aplauso unánime de las cancillerías europeas y del mundo del dinero, que destacadas personalidades proponen ya.