Quien hace una...

En su comparecencia ante la comisión del presunto fraude de los cursos de formación, Chaves ha declarado que todo se hizo dentro de la más estricta legalidad, pero también ha reconocido que es posible que hubiera irregularidades. Y acto seguido, ha cargado la culpa exclusivamente en los receptores de las ayudas, dejando caer que han sido ellos quienes se la han jugado a la Junta, que es una inocentona y se limitaba a hacer un acto de fe con la documentación que le presentaban. Ya.

El problema es que el interventor provincial de Huelva, por ejemplo, ya dejó por escrito el pasado mes de diciembre que todos los expedientes que él había analizado con detalle presentaban irregularidades. O sea, que de entrada hay unos cuantos que deberían explicar cómo en su momento esas irregularidades no fueron detectadas, máxime cuando hablamos de subvenciones no de cien euros, sino millonarias y no de docenas de expedientes sino de decenas de miles. O la Junta se ha esforzado mucho en reclutar para su plantilla a la mayor tropa de incompetentes de la Historia, lo que ya sería motivo más que suficiente como para que hubiera responsabilidades políticas, o el ilícito penal que Chaves intenta endosar en su totalidad a quienes recibieron esas ayudas –en buena parte consorcios públicos de la propia Junta–, hay que repartirlo con la Administración, que ha hecho la vista gorda. Entre una posibilidad y otra, parece que no hay duda de con cuál quedarse, sobre todo teniendo en cuenta que el juez que instruye la pieza política de otro caso, el de los ERE, ultima el auto de procesamiento contra los dos ex presidentes, Chaves y Griñán, por haber diseñado e implantado, supuestamente, un entramado al margen de cualquier fiscalización para el pago de ayudas. ¿Cómo era eso?, ¿quien presuntamente hace una, presuntamente hace ciento? Pues eso.