¿Reformar sólo por el 28 de diciembre?

Ante la más que posible celebración de unas nuevas elecciones que tendrían lugar el 25 de diciembre, día de Navidad, ha surgido un espontáneo espíritu de pacto entre todos los partidos presentes en el Parlamento para modificar, ni más ni menos, que la Ley Electoral, tema imposible de abordar tantas veces como se ha planteado la necesidad de su reforma. Pareciera que ante el espectáculo que están dando a los ciudadanos de cara a la formación de Gobierno tras dos elecciones generales con resultados parecidos, la celebración de unas terceras el día de Navidad fuera algo que colmase el vaso de lo que entienden que los ciudadanos están dispuestos a aguantarles, además de poder encontrarse con una participación tan escasa que evidencie definitivamente el hartazgo que los ciudadanos tienen de ellos.

La decisión de hacer una reforma muy puntual de la ley sólo para evitar que, de acuerdo al cómputo de plazos que actualmente establece, se celebren el día de Navidad, además de plantear dudas jurídicas sobre su viabilidad tanto desde el punto de vista del fondo como desde el punto de vista de la capacidad de un Gobierno en funciones, es una tomadura de pelo en toda regla a los ciudadanos y una grave desconsideración hacia los mismos.

Al margen de las reivindicaciones que unos y otros hayan planteado sobre la reforma pretendida por cada uno de ellos de la Ley Electoral en interés de sus propios partidos, la cuestión que se ha suscitado en el proceso que estamos viviendo –y que pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar esta ley–, no es sobre la conveniencia o no de celebrar las elecciones un día en concreto, sino sobre contar con un mecanismo que permita la formación de Gobierno ante una situación de bloqueo como la que estamos viviendo, o que impida que este bloqueo llegue a producirse.

Los sistemas electorales vigentes en el mundo contemplan centenares de fórmulas distintas en razón de las características del país, de su población, de su configuración, etc. Basta con que nos fijemos en los países democráticos de nuestro entorno para elegir una fórmula que nos permita evitar la situación que estamos viviendo, partiendo de la base de que, en lo posible, se debe respetar al máximo la voluntad directa de los ciudadanos y la prioridad del partido que ha obtenido mayor apoyo de éstos –especialmente cuando la diferencia con el resto es considerable–, para evitar así que se pueda adulterar aquella por pactos de conveniencia posteriores. Por esta razón los sistemas de elección directa y de mayorías son los que más respetan la voluntad popular expresada en las urnas y los que más dificultan las situaciones de bloqueo.

Algunos propugnan cambios menores que consigan el mismo objetivo, aunque sean peores para la estabilidad y fortaleza de los gobiernos, como permitir que gobierne la fuerza más votada si no se logra alcanzar la mayoría en la investidura, o la atribución al Jefe del Estado de encargar el Gobierno a quien él considere ante esa circunstancia. O algo aparentemente más sencillo como imponer el voto secreto de los diputados en la sesión de investidura.

Estas dos últimas fórmulas no son recomendables por cuanto en el primer caso se obliga al Rey a tomar parte, y en un país como el nuestro es abocarle a la crítica feroz en detrimento de la Institución. Y en el segundo se incita la deslealtad, la indisciplina y la falta de transparencia, terreno abonado a la inestabilidad posterior.

En definitiva, si hay reforma de la ley y acuerdo para ello sin cuestionar su legalidad en estos momentos, hágase la que permita desbloquear la situación para que no pueda volver a producirse y no se juegue una vez más con los ciudadanos.