Se escribe concierto pero se pronuncia subcontrata

En las autodenominadas Escuelas Católicas, reina la inquietud porque ciertos confundidores del culo con las témporas se han unido al coro de mezcladores de churras con merinas para ver adoctrinamiento donde sólo hay una relación mercantil. Es verdad que muchos colegios concertados, a quienes los izquierdistas más desinformados enfilan cíclicamente, son propiedad de instituciones religiosas pero hay otros que no lo son; y tanto en unos como en otros, disculparán los talibanes de «lo público» (esa cosa), tiene plena vigencia la ley primera del capitalismo: quien paga, manda. De modo que pueden estar tranquilos esos laicistas rabiosos que observan el veneno confesional hasta en la resolución de una ecuación de segundo grado, porque la Junta fiscaliza cada palabra que se dice en el aula, aunque el profesor sea un padre dominico. Sólo por una razón sobrevive la enseñanza concertada que, por cierto, figura para la clientela en un pedestal de preferencia varios años luz por encima de las escuelas de titularidad pública: el dinero. La Administración autonómica, queridos niños, no puede permitirse el lujo que supondría escolarizar a todos los alumnos de Andalucía al coste prohibitivo que soportan sus colegios y por eso recurre al concierto, eufemismo que esconde el vulgar término «subcontrata»: para ahorrarse pasta, le paga a un empresario que maximice esos fondos. Para solaz de los liberales, los pocos que vamos quedando, se aúna un servicio de mejor calidad con un precio más competitivo cuando el político aparta su sucia zarpa. Sirve el mismo cuento para el sistema sanitario, que sería (más) insostenible de no mediar el subarriendo a clínicas privadas de pruebas diagnósticas, tratamientos especializados como los de lesiones medulares e incluso horas de quirófano.