Subvención encubierta a la seguridad social

La deuda pública española ha cerrado 2017 en torno a los 1,13 billones de euros. En 2018, el Tesoro planea emitir 220.000 millones de euros más, lo que aparentemente debería elevar nuestro stock total de pasivos hasta los 1,25 billones. Sin embargo, la emisión proyectada de 220.000 millones de euros es una emisión bruta: a lo largo de 2018, el Tesoro ha de devolver a sus acreedores 180.000 millones de euros, de modo que el endeudamiento neto apenas ascenderá a 40.000 millones. En general, nos endeudaremos al menor ritmo desde el año 2011 y lo haremos apoyándonos sobre la deuda a largo plazo: el Tesoro quiere aprovechar la actual coyuntura de tipos de interés ultrabajos (España paga apenas un 1,5% por su deuda a 10 años) para cerrarse financiación barata para el medio-largo plazo. La estrategia, pues, no resulta criticable: los pasivos estatales aumentan a un ritmo cada vez más moderado y lo hace pivotando especialmente sobre un muy asequible endeudamiento a largo plazo. Sin embargo, sí existe un apartado que debe ser objeto de indudable reproche: la utilización del Tesoro como herramienta encubierta para subsidiar a la Seguridad Social. Y es que, en 2018, el Tesoro extenderá un crédito de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para que ésta pueda hacer frente a su enorme déficit. En principio, la operación no debería ser objeto de mayor crítica: si una administración pública es temporalmente deficitaria y otra posee mayor capacidad para endeudarse en los mercados financieros, es lógico que la segunda emita deuda en el lugar de la primera. Sin embargo, para que esta operación fuera realmente una operación de financiación y no una transferencia de capital camuflada, la administración deficitaria (en este caso, la Seguridad Social) debería tener en perspectiva la devolución de ese préstamo en el futuro. Sucede que, a falta de mayores recortes en las pensiones que permitan aligerar su gasto, no es ni mucho menos evidente que el déficit actual de la Seguridad Social sea meramente transitorio en lugar de crónico: pese al creciente número de trabajadores cotizando, la demografía nos indica concluyentemente que, a medio-largo plazo, los números rojos seguirán prevaleciendo dentro de nuestro sistema de pensiones. Por tanto, si la Seguridad Social no va a ser capaz de devolver el crédito que actualmente le extiende el Tesoro, no nos encontramos ante un préstamo, sino ante una transferencia permanente de capital entre administraciones: y, en ese caso, lo que resulta inaplazable es reformar la Seguridad Social para revertir su déficit estructural, no mantenerla con respiración asistida a costa del dinero de los contribuyentes. La Seguridad Social debe afrontar, por sí misma, su problema de insostenibilidad.