Tres semanas,19.000 millones

Alta velocidad española, sí, para todo. También para el trinque. El acrónimo AVE, un afortunado hallazgo mercadotécnico, encierra una verdad escondida. Porque los trenes vuelan sobre las vías, pero además ha volado el dinero del contribuyente cada vez que se ha implementado un nuevo trayecto. «La complicada orografía de la Península Ibérica», justifican los responsables políticos como si las montañas hubiesen aparecido de repente, en el tiempo que transcurre entre que se diseñan los planos y se traza la línea. Así fue desde el principio, desde que Sevilla y Madrid quedaron unidas por un tren capaz de cubrir en poco más de dos horas un trayecto que en automóvil lleva no menos de cinco. Fue en 1992, el año de todos los prodigios.

Felipe González, que disfrutaba de su tercera mayoría absoluta consecutiva, quiso convertirse en el Carlos III sevillano, el gobernante que zambullese a su tierra natal en la modernidad, su mejor alcalde. Con el gancho de la exposición universal que había de conmemorar el V centenario del descubrimiento de América («encuentro entre dos mundos» motejaron los cursis a la epopeya colombina), se emprendió la mayor revolución urbanística de la historia de Sevilla. Como punta de lanza, la estación ferroviaria de Santa Justa y ese AVE que ponía la capital a un paseo.

El 14 de abril de 1992, una semana antes de la inauguración de la Expo, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Obras Públicas, Josep Borrell (Narciso y José en los recortes de la época), honraron con su presencia el primer viaje del ingenio.

Detrás del esplendor, como tan a menudo, se escondía la miseria. En este caso, la financiación irregular del PSOE, el partido entonces gobernante. Aunque los socialistas pudieron poner en los juzgados a cargos menores como cortafuegos, sí quedó acreditado judicialmente en una pieza separada del «caso Filesa» que las principales empresas adjudicatarias, la alemana Siemens y la francesa Alsthom, además de Dragados y Construcciones, pagaron no menos de mil millones de pesetas de la época en comisiones, casi todos depositados en las cuentas suizas que apoderaban Guillermo Galeote, responsable de las finanzas socialistas, y Luis Oliveró, administrador de Filesa.

En 1997, la Intervención General del Estado indicó en un informe requerido por Teresa Chacón, la juez que investigó la financiación irregular del Partido Socialista, que el sobrecoste de la línea de AVE Madrid-Sevilla había sido casi del 100% de lo presupuestado, pues se cifró en 20.000 millones de pesetas y supuso un desembolso para las arcas públicas de no menos de 39.000. La prueba pericial demostró que Siemens pagó a una empresa constituida por un ex empleado del comité electoral del PSOE, Juan Carlos Mangana, el equivalente a 5,5 millones de euros en concepto de «asesorías verbales». Permanecen inexplicadas las razones por las que sólo transcurrieron veinte días (del 7 de julio y el 27 de julio de 1989) entre la aprobación del primer presupuesto y la formalización de los contratos por casi el doble del montante. «Cambiaron las expectativas», se declaró en el juicio.