Tribunal de papel

El Tribunal Supremo debería atender a su apellido y ser la última instancia en el Estado español, con una Sala dedicada a asuntos constitucionales. Con el modelo que nos rige parece que el Tribunal Constitucional es una suerte de Tribunal de casación del Supremo y, así, vamos de migraña en quebradero de cabeza. El Constitucional es una superestructura útil para que en régimen de bipartidismo imperfecto una mayoría pudiera mantener bajo control interpretaciones insensatas o aldeanas de la Constitución. Dentro alberga su propio germen autodestructivo porque todos los periodistas tenemos anotadas junto a sus nombres las afinidades electivas y las disparidades conflictivas de los magistrados que componen esta máxima Corte. La designación de los integrantes de los pisos altos de la Justicia continúa siendo una asignatura pendiente en la que parece que ninguna otra cosa es posible fuera del grosero reparto de naipes. Pero estando así las cosas y con la Constitución del 78 en almoneda, debería mantenerse el recurso previo de inconstitucionalidad y la ejecución de las sentencias, siempre apelables a instancias internacionales no vinculantes aunque sí consultivas y admonitorias. Las sentencias firmes del TC ya no las cumple la Generalitat en su viaje insumiso hacia la nada, pero privar al Tribunal de poder ejecutivo inhabilitatorio de cargos públicos es convertirlo en un almacén de togas de papel y puñetas de plástico. Cataluña será nación según el preámbulo de su Estatut, pero nación de un Estado compartido con otros territorios. Los muy honorables Puigdemont o Forcadell son representantes del Estado español, mal que les pese, a él deben su poder, y pueden desmayarse en la sedición si no lo han hecho ya. Sancionar con multas su desobediencia al Constitucional sería como considerarlos meros infractores de tráfico. Ya es raro que un partido tan de derechas como el PNV pretenda quitarle la simbólica espada de la Justicia al Alto Tribunal, pero que le secunde el PSOE no es concebible a tenor de su Historia, su haraposa condición actual y sus peligrosas relaciones con su pareja de hecho catalana. La pretensión socialista-peneuvista de convertir el Constitucional en un remedo del cementerio de elefantes del Consejo de Estado, cuyos consejos se adoptan a conveniencia del aconsejado, puede suponer cargar de pólvora el artículo 155 de la Constitución privándole al Gobierno (a cualquiera) de margen de maniobra antes de disparar el último cartucho que nadie desea, excepto, quizá, los independentistas hasta de sí mismos.