Un problema de 32 años

Si no han acatado leyes ni sentencias, piensan que pueden seguir haciéndolo. Cataluña continúa siendo cada día más centro de actualidad, como ha sucedido especialmente desde 1982, una vez asentado Jordi Pujol en la Presidencia de la Generalitat. Digo desde la llegada de Felipe González, porque fue con él en La Moncloa cuando aquél esquivó el morlaco de Banca Catalana gracias a la componenda, una más, de la Justicia española, de la Audiencia de Barcelona.

El escenario actual viene de entonces, no surge con la recuperación de la Generalitat por la CiU de Mas. Se deriva de la permisividad que los sucesivos gobiernos democráticos exhibieron ante los reiterados incumplimientos de leyes y sentencias por parte de los Governs. Si se les permitió dinamitar la tesis de Montesquieu, «la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie» ¿por qué van a acatarlas ahora? Si prevaricación puede ser hoy la convocatoria de la consulta ¿qué era cuando no obedecían el fallo de los tribunales, incluido el Constitucional?

Los apoyos a las mayorías minoritarias siguieron reportando excelentes beneficios políticos a Pujol –con los años se ha visto que también materiales– para seguir haciendo de su capa un sayo. No hace falta recordar el Pacto del Majestic con el PP de Aznar, que incluso le costó la cabeza a Alejo Vidal-Quadras. Llegó Zapatero y puso la mecha para la dinamitación definitiva de la España territorial de la Constitución de 1978 con aquel irresponsable brindis «apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña». Con semejantes siembras, ¿qué cosechas esperábamos recoger?

Hoy los responsables del Estado deberán reflexionar sobre aquel pensamiento aristotélico, «es preciso preferir la soberanía de la Ley a la de uno de los ciudadanos» o, si prefieren a Séneca : «El que, pudiendo, no evita el delito, lo consiente». Así es la vida.