Una tardanza injustificada

Seguimos padeciendo, una vez más, las consecuencias de la lentitud de la Justicia. Unas veces por la falta de medios –sea de personal o de material– para elaborar con rapidez las sentencias, otras por la politización de los miembros de los órganos correspondientes, una de las tres patas de nuestro sistema hace aguas. Lamentablemente, esto último, lo de la politización, ha sucedido con demasiada frecuencia para un Estado de Derecho desde el mismo momento que el Tribunal Constitucional comenzó a funcionar. Así se recuerda desde el «caso Rumasa».

En esta ocasión, sufrimos los efectos de la demora en el pronunciamiento del TC sobre el recurso que el Gobierno de Zapatero presentó en febrero de 2011 contra la Ley de Consultas populares aprobada por el Parlamento catalán. Por un lado, tres años parecen más que suficientes para que tan insignes juristas hubieran decidido cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las comunidades. Por otro, la circunstancia se agrava al tratarse de un asunto sustancial en el devenir de la actualidad española, en un aspecto en el que está en juego la esencia de la nación.

Si el Alto Tribunal ya hubiera emitido su fallo, las cosas estarían más claras y probablemente se hubiera evitado llegar a la actual convulsión. Da la impresión de que aquel principio, aceptado al menos desde Séneca de «la Justicia, cuando es tardía, deja de ser Justicia» ha sido desechado sin coartada alguna. La cuestión es que la sensación de inseguridad y de confusión se adueña cada día más de los ciudadanos, percibiendo algo así que, como dijo alguien, todos somos iguales ante la Ley, como reza nuestra Constitución, pero no ante los que se encargan de ejercerla. Así es la vida.