Juan siempre ha defendido el valor y la necesidad de que los servicios públicos funcionen, o sea, que se apliquen de verdad en cumplir su misión, que es cubrir las necesidades de educación, sanidad, ocio o ayuda de las personas que contribuyen con su esfuerzo y sus impuestos a sostener un estado, entendido como una estructura jerarquizada y permanente cuya función es vertebrar una sociedad sobre principios de legalidad democrática y gestionar todo lo que afecta a su organización y bienestar dentro de un territorio concreto y agrupando a personas con vínculos culturales e históricos. Juan no es persona experta en Derecho, pero siempre ha tenido una idea clara de que el papel del Estado, visto como organización y comunidad, y no como un impreciso concepto ligado al de nación o país, es el de procurar el equilibrio social y la extensión del bien común de la forma más amplia y horizontal posible. En constante e inevitable colaboración, como es natural, con la iniciativa privada, entiéndase empresa, colectivo o institución que surja de la propia ciudadanía. Ni el Estado por sí mismo puede resolver los problemas que mejoren la vida de todos, ni la iniciativa privada tiene el músculo necesario para extenderse a toda la población. Lo público es necesario y, por tanto, defendible. Su matrimonio con lo privado, también.

Pero Juan contempla el hecho cierto e incuestionable de que precisamente la estructura jerarquizada y permanente del entramado estatal es la puerta a la desidia y, como estamos viendo en estos tiempos, a la corrupción cuando los controles no funcionan o se desgastan y languidecen por falta de uso. Defender lo público aquí resulta especialmente pertinente. El Estado debe impulsar la creación de infraestructuras, pero también controlar que en el proceso no se lo lleven crudo unos cuantos con acceso a decisiones trascendentales gracias a su posición de poder político. Lo mismo vale para sanidad, educación o comunicación: el principio de servicio público debe ser garantizado con controles precisos y eficaces que eviten corrupción, favoritismo o manipulación. Utilizar en beneficio propio, ya sea partidario o personal, los medios de gestión de los servicios de todos tiene que ser un imposible en cualquier situación de normalidad democrática.

Lo público en España, Juan lo sabe muy bien, sangra por la herida de la falta de controles y la excesiva burocratización. La sanidad pública, la educación pública y los medios públicos de comunicación comparten todos diagnóstico de eficacia y gestión limitadas en comparación con los mismos servicios prestados por entidades privadas. Le apena esa idea de que lo público es lo que tiene menos valor, a lo que acude la gente que no puede pagarse otra cosa. Hasta la Sanidad, que ha sido, y a su juicio sigue siendo, el más brillante de los servicios públicos de los que disfrutamos los españoles, presenta ya grietas que apagan ese brillo y se diría que, si mantiene su prestigio, tiene más que ver con la acción profesional comprometida de los sanitarios que con la forma de entender su gestión por parte de las administraciones.

Hay demasiada burocracia, demasiados privilegios adquiridos, demasiadas castas y élites que han prendido en la estructura estatal y anquilosado su funcionamiento diario y su capacidad de crecimiento e innovación. A Juan le parece que se mira hacia dentro y se busca mantener situaciones personales o beneficios de colectivos antes que trabajar en beneficio de la sociedad ante la que se está comprometido, entre otras razones porque es ella la que, con sus impuestos, permite que todo eso se siga sosteniendo. Entiende que defender lo público es también, y sobre todo, defender que su gestión se cimente en principios de interés general y beneficio colectivo, y que se impulse desde dentro el cambio y la innovación que disuelvan el engrudo de la maquinaria estatal para hacerla verdaderamente eficaz.

Pelear por lo público no es enfrentarlo a lo privado solo porque gane espacio o funcione mejor. Comprometerse con lo público es sacudirse complejos, quemar chiringuitos internos y sacudirse privilegios. Reivindicar lo público es defender el trabajo de los funcionarios eficaces y acabar con la funcionarización de quienes siguen respondiendo al tópico de lentitud e indolencia. Abanderar lo público es no dejarse corromper ni manipular.

Ha pensado Juan en todo esto cuando estos días atrás se ha presentado la programación de la Radio Pública estatal, de Radio Nacional de España. Se ha puesto en el lugar de esos profesionales, todos ellos solventes y de larga y exitosa trayectoria profesional, y se ha preguntado qué idea tendrán del servicio público en un medio de comunicación como RTVE. Hasta dónde y a quién servirán en su trabajo. Solo hay una respuesta posible: mantener y reforzar una idea de radio de servicio, plural e independiente, que cultive la cercanía con los oyentes y amplíe su base social e ideológica huyendo de sectarismos y abriéndose cada vez más a todas las opiniones. Sin consignas ni censuras: libre como la sociedad en la que vive y aspira a seguir reforzando. De todos. Y un compromiso con la información que cultive la neutralidad, que no es equidistancia porque esta no es posible cuando se defienden y respetan principios democráticos y plurales.

Juan sigue confiando en lo público. Seguirá defendiéndolo. Y trabajando para hacer crecer esa idea de cambio cuyo primer paso es el compromiso de quienes desde dentro tienen que ejecutarlo.