Conmemorar a Primo de Rivera

Jaime Asens, un exdiputado que según las crónicas ejerce de negociador de Sumar de cara a la investidura, ha defendido que «la amnistía hace que en política mande el pueblo y no los jueces». Pues me gustaría tranquilizarle porque los jueces somos los primeros que no queremos mandar en la vida política, ni condicionarla. Pero los jueces profesionales, no los que sin escrúpulo y con la toga puesta, ejercen de políticos y amparados con ese ropaje implantan su ideología o, sencillamente, ejercen de eco judicial –en el más amplio sentido– de los planes partidistas o gubernamentales con los que se identifican; ejercen de eco o de rueda dentada o de correa de transmisión como partes de un complejo motor político. Y se denominan o los denominan progresistas.

Asens no deja de decir algo sensato: que en política no podemos mandar los jueces. Ahora bien, lo que no sé –manejo lo leído en la prensa– es si ese certero pensamiento lo ha completado debidamente, porque lo indeseable e improcedente es que mandemos los jueces, pero lo deseable y procedente es que sea la ley, mejor dicho, el Estado de Derecho quien marque no ya la pauta, sino los límites en la acción política. Vamos, que espero que Asens no confunda ese fantasmagórico «gobierno de los jueces» con las exigencias del Estado de Derecho, exigencias que, vaya, quienes las hacen valer son los jueces. Va a resultar que la cuestión es de muy distinta índole: que la acción política no sea un territorio franco ante la ley, que en el hacer político –con beneficio para sus protagonistas– no reine lo ajurídico, lo alegal, con escarnio para el resto de los ciudadanos.

Insisto: totalmente de acuerdo con que los jueces no manden en política ni practiquemos una suerte de dirigismo político porque, en efecto, un gobierno de jueces sería un desastre. Pero para que todo sea armónico hay que exigir un trato recíproco: vale con que los jueces no manden en la política, pero tampoco que actúen sujetos a exigencias políticas –léase, partidistas– o que en ellos manden los partidos políticos. Y si alguien me quiere engatusar diciendo que no serían los políticos, ni sus partidos, sino el pueblo ya le digo que dejen de parapetarse en el pueblo porque hay un sano sentir popular que manifiesta el deseo de una Justicia independiente al que repugna la idea de una Justicia sujeta a las directrices del cacique.

Pero cuando leo las palabras de Asens me queda un poso de duda. Si las leo en el sentido que acabo de exponer, las comparto, pero si las relaciono con el pensamiento, con ideología de la formación en la que milita ya me entra esa duda. Pero vamos a prescindir de esas suspicacias porque cabe una tercera posibilidad, esta vez no tanto política como un tributo a nuestra historia: cabe que con esas palabras Asens estuviese en realidad conmemorando el centenario de la Dictadura de Primo de Rivera. Sería todo un tanto que Asens fuese de los pocos que en este 2023 han reparado que es su centenario.

Por esas palabras podríamos plantearnos que Asens es un buen conocedor del dictador, pero cabe interpretarlas como una identificación con el pensamiento del general Primo de Rivera. Se me dirá que vaya desvarío el mío, comparar a Primo de Rivera con Sumar, pero no hay tanto desvarío: repárese que al final no es raro que los extremos acaben confluyendo, por eso siempre he dicho –y ahora lo reitero– que poco se puede hablar con comunistas, nazis o fascistas, que de cara a la Justicia todos tienen planteamientos homologables.

Pero vamos a los hechos porque Primo de Rivera no era nazi, ni fascista ni mucho menos comunista, aunque contó con la colaboración –siempre ahí– de los socialistas. Puestos a conmemorar este centenario se advierte un panorama de claroscuros. Claro fue depurar a jueces venales y crear un sistema de autogobierno judicial que si embarrancó fue por la miopía de la propia judicatura; oscura fue su política de jubilaciones, los ataques a la inamovilidad, suspender las sentencias contrarias a los intereses gubernamentales, influir para favorecer a personas concretas o aplicar retroactivamente sanciones.

Los planteamientos del dictador eran bastante simples: se reducían a que la Justicia, con todas sus formas y exigencias, entorpece los intereses políticos. Como puede deducirse, nada nuevo bajo el sol como, desgraciadamente, pasa cuando hay partidos que, siguiendo los pasos del dictador, ven en la Justicia un obstáculo. Por citar el caso más reciente, ahí tenemos la manifestación que ha convocado el PNV para el próximo 4 de noviembre contra los jueces vascos pretextando que son un obstáculo para su política lingüística. Cien años después, resulta que Primo de Rivera tiene más de un admirador.