La corrupción otra vez

En su entrevista de apertura del curso político, el presidente Sánchez, interrogado sobre la corrupción en su partido negó tajantemente que ese fuera un problema «estructural» para luego desviar el asunto hacia la derecha cuando afirmó que no iba «a aceptar lecciones de organizaciones con más de treinta causas abiertas y cien personas investigadas». Dijo esto último como si en su propio partido no hubiera cifras equivalentes que hacen dudosa su negación inicial. Porque lo cierto es que si nos atenemos a la información cuantitativa disponible –que tal vez no cubra la totalidad del fenómeno– en España PSOE y PP están bastante equilibrados en cuanto al número de casos conocidos durante los últimos veinticinco años y probablemente también en lo concerniente a los recursos públicos desviados por los políticos corruptos. Ello es así porque la deshonestidad de éstos es directamente proporcional al poder que acumulan sus partidos en todos los ámbitos en los que éste se ejerce. No obstante, sí puede hacerse una matización en cuanto a su actual configuración, pues si hasta hace pocos años la corrupción se manifestaba sobre todo en los ámbitos municipal y regional, ahora lo hace también dentro del estrecho círculo del gobierno estatal. Tal vez por ello, el índice que elabora Transparencia Internacional mostró en 2024 el valor más alto del período referido, que situó al país en la posición más desaventajada de cuantas se han registrado dentro de él.

O sea que no parece que Sánchez pueda dar lecciones en este asunto, aunque sus oponentes tampoco hayan sido hermanitas de la caridad. La corrupción distorsiona la asignación de los recursos públicos y, en consecuencia, afecta al potencial de crecimiento de la economía, aunque paradójicamente no tenemos pruebas empíricas de esto en nuestro caso. Pero sí se ha constatado que los españoles la consideran como un elemento que reduce significativamente su percepción del bienestar, lo que sin duda constituye un coste social relevante. Aun así, su comportamiento electoral –que ha sido estudiado en el ámbito local– es en general condescendiente con los partidos implicados, y apenas afecta al voto. Pero podría ser que, al elevarse la corrupción hasta el nivel estatal, esto cambie en unos próximos comicios generales.