La corrupción política repunta como problema por el «caso Koldo»

Desde que se conocieron las primeras informaciones sobre el «caso Koldo» a diario se iban publicando nuevas noticias que extendían el presunto caso de corrupción a distintas instancias, no solo a personajes relacionados con el ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, ahora en desplazado al Grupo mixto, sino que se ha ido extendiendo a otras personas relacionadas con el PSOE y el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ahora ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres , por citar algunos nombres.

Así, el barómetro 3.445 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en febrero y publicado en marzo de este año nos informaba del repunte de la corrupción como problema que alcanza el puesto número seis entre los españoles. Baste decir que en el barómetro del mes de febrero, realizado en enero ésta ocupaba el lugar número 18. El caso de las comisiones abusivas y el tráfico de influencias para la compra de mascarillas y material médico durante la pandemia, que ha llevado a la creación de comisiones de investigación en el Congreso y Senado, el llamado «caso Koldo», ha reavivado el fantasma de la corrupción.

En 2023 la cifra del PIB fue de 1.461.889 millones de euros. España ocupa el 13 puesto a nivel planetario. Según datos de la OCDE. Pero esa posición de nuestra economía a nivel mundial lejos de asegurarnos influencia y disuasión a nivel internacional, no se corresponde con la acción diplomática española de los últimos años, ni en la propia Unión Europea ni en el resto del mundo.

Pero las cosas a nivel interno no van mejor, en el informe de Transparency International correspondiente al año 2023, hecho público en enero de este año, nos colocan en el puesto 38 en percepción de corrupción, es decir, que por delante de nosotros hay 37 países con una mejor percepción de la corrupción, muchos de ellos de menor entidad que España. Es toda una anomalía.

El control de determinados medios, la división política del país también divide en dos a los grupos de comunicación. Mientras que los medios de comunicación más seguidos por el electorado de derechas se hacen eco de las pesquisas judiciales en torno al «caso Koldo» y sus presuntas implicaciones en el partido del gobierno y en el propio Ejecutivo, los medios «progresistas» se dedican al bombardeo constante contra Ayuso, a cuenta de su actual novio por hechos presuntamente irregulares con la hacienda pública acaecidos antes de la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todos conocemos cómo se orquestó la operación de acoso y derribo al presidente Rajoy, con el concurso de un magistrado amigo de los que promovieron la moción de censura. Ahora que el escándalo Koldo va extendiéndose como una mancha de aceite, se pide a los medios «amigos» que ayuden a desviar la atención; novio de Ayuso, «Estado» Palestino, etc.

Ya vimos las consecuencias del juicio de los ERE en Andalucía. Pusieron fin a décadas del gobierno del PSOE en Andalucía. Las encuestas ya muestran caídas importantes de intención de voto al PSOE, pero se moderan por el gran trasvase de voto que está recibiendo desde Sumar y Podemos, así como de partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votantes apoyan sus siglas en sus territorios en elecciones autonómicas, pero a nivel nacional apoyan a Sánchez. Comunistas e independentistas salen a socorrer a este gobierno, porque perderlo significaría que el Estado volvería a recuperar su autoridad y devolvería a la Justicia a su tarea de tercer poder y defendería la legalidad constitucional.

El imbatible Felipe González fue derribado tras trece años en el gobierno por las corruptelas de Roldán. Ahora, treinta años después se repite la historia, esta vez es un tal Koldo. Las consecuencias ya las podemos imaginar. En ambos casos la Historia ha querido que unas elecciones europeas fuesen una forma de manifestar el disgusto popular con sus dirigentes. Las elecciones al Parlamento Europeo de 1994 fueron el principio del fin de Felipe.

En junio de 2024 los ciudadanos tienen la oportunidad de pronunciarse. En unos meses, cuando la investigación esté más avanzada y se fije un calendario judicial, el terremoto político que se desatará llevará a un cambio político de 180 grados. La corrupción derriba gobiernos en España.