Los crímenes de Putin

En estos días se ha conocido la orden de detención del presidente ruso Vladimir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra, cometidos como consecuencia de su política de deportaciones masivas de niños ucranianos residentes en territorios ilegalmente ocupados por la Federación Rusa. La orden de detención también incluye a María Lvova-Belova, comisaria presidencial rusa para los Derechos del Niño que, en el caso de que se acredite su responsabilidad, mostraría una cruel ironía.

La llamada «operación especial» rusa en territorio ucraniano nunca ha dejado de ser el eufemístico nombre de una auténtica invasión terrestre de un país libre y soberano: Ucrania. Al igual que la ilegítima anexión de Crimea en 2014. En este caso los verdaderos objetivos de la invasión rusa no han sido abiertamente declarados, pero resulta evidente que carece de apoyo jurídico, más aún después de la ilegítima anexión del Dombas a Rusia.

En realidad, dicha «operación especial» ha sido, y es, un acto de guerra, al margen del derecho y constituye, en mi opinión, un auténtico «crimen de agresión» que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, según la sentencia de 30 de septiembre de 1946, lo declaró de extrema gravedad: «Iniciar una guerra de agresión…es el crimen internacional supremo, que difiere de los demás crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado de todos ellos». Sobre este aspecto de la política belicista de Putin, la Corte Penal Internacional aún no se ha pronunciado.

Sin embargo, ante las denuncias de deportaciones masivas de niños ucranianos y otros hechos notorios de extrema gravedad, acaecidos en suelo ilegalmente ocupado por las tropas rusas, tanto la ONU como la Corte Penal Internacional abrieron sendas investigaciones.

La Comisión de la ONU, en su informe recientemente conocido, ha concluido que «las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra».

El gobierno ucraniano cifró en 16.221 los niños que fueron deportados a Rusia hasta finales de febrero de este año y, aunque la Comisión no ha podido verificar la exactitud de dicha cifra, no cabe la menor duda que han sido miles los niños deportados ilegalmente a Rusia.

También ha quedado acreditado que responsables rusos tomaron medidas jurídicas y políticas tendentes a posibilitar y favorecer el traslado de niños ucranianos a Rusia y, que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a los menores deportados.

La Comisión fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, habiendo visitado más de medio centenar de localidades e interrogado a más de quinientas personas y, además, investigaron múltiples lugares de tortura y de sepultura colectiva.

Las pruebas recabadas muestran que las autoridades rusas «cometieron un amplio abanico» de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como de las Leyes de la guerra.

Igualmente la Comisión declara que «Muchas de ellas constituyen crímenes de guerra e incluyen homicidios deliberados, ataques contra civiles, confinamientos ilícitos, torturas, violaciones, traslados forzados y deportaciones de niños».

Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha declarado que tras las investigaciones realizadas han llegado a la conclusión de que «hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual» por las sustracciones de niños.

El Estatuto de Roma considera, en su artículo 7, crimen de lesa humanidad, tras el asesinato, el exterminio o la esclavitud, «la deportación o traslado forzoso de población», entendiendo que por «deportación o traslado forzoso de población» se considerará el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional, tipificación que se ajusta plenamente, según se ha observado, a la criminal conducta rusa en Ucrania.

En mi opinión, y con independencia de la efectividad práctica, presente o futura, de la orden de detención contra Vladimir Putin, resulta de especial trascendencia como precedente para que la Ley se imponga, incluso, en los casos de conflictos bélicos, en la inteligencia de que la diferencia entre la barbarie y la civilización es, precisamente, el Derecho.

El modus operandi ruso en Ucrania, heredado del soviético, de táctica de tierra quemada, de destrucción total, torturas, ataques indiscriminados y aniquilamiento de la población civil, incluso de niños, debe ser perseguido con todo el peso de la Ley.

Putin debe ser consciente de que más allá de su voluntad y de su política imperialista existe el Derecho frente al que, antes o después, tendrá que rendir cuentas.

Los tiempos de la inmunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad deben ser cosa del pasado.