En esta espiral casi infinita de escándalo que oscurece otro escándalo que a su vez difumina uno anterior, ha saltado estos días a la palestra, cómo no, otro de dimensiones siderales: el de las pulseras que supuestamente debían proteger a las víctimas de maltrato. La primera voz de alarma no la han dado esta vez de forma pública ni los jueces fascistas, ni la ultraderecha más recalcitrante y negacionista, ni los lanzadores de bulos especializados en turbar la triunfal marcha del Gobierno socialcomunista, ni la prensa adicta al PP y a los poderes judaicos. El grito inicial en el cielo lo ha puesto la propia Fiscalía, que como ya sabemos no es precisamente un látigo del sanchismo y sus compañeros de este triste viaje a ninguna parte en el que han embarcado a España, lo que no es moco de pavo, porque su simple mención en la memoria que elabora este órgano «independiente» da pie a pensar que los agresores que se han beneficiado de la estulticia de los actuales altos cargos del Ministerio de Igualdad y sus antecesores han podido ser muchos más de lo que se dice. La historia se repite, y como sucedió con lo ocurrido con la ley del solo sí es sí, los apagones, el tercermundista funcionamiento ferroviario, la pandemia y tantos otras negligencias flagrantes, persisten también las constantes que ya vimos en ellos antes. Básicamente, pueden resumirse de la siguiente forma: primero se produce una muestra clara de incompetencia gestora, tan típica de la izquierda y la ultraizquierda. Esta incompetencia implica o genera un problema donde no lo hay, o no enterarse del mismo, o hacerlo tarde y mal, o restarle importancia con la esperanza de que nadie o muy pocos reparen en él. Algo de esto ocurrió con la crisis de la covid y con la aplicación de la nefasta ley que dictaron Irene Montero y sus secuaces mientras estuvieron al mando de Igualdad, y que tanto daño hizo a las mujeres al permitir la liberación o rebaja de condenas de centenares de maltratadores. Otra constante en éste y el resto de los escándalos del Gobierno «de progreso», como él mismo se autodenomina, consiste en restar importancia a su impacto cuando se ha hecho ya público y a intentar cubrirlo con un apagón informativo en el que participan los ministros y los altavoces mediáticos regados por las dádivas de lo público. Si todo eso no sirve, entra en juego el argumentario que repiten altos cargos y hombres de partido, afiliados y simpatizantes. Todos a una tratan de infravalorar el efecto pernicioso de la chapuza y a desviar el tiro de la misma hacia el PP. Entran aquí las famosas apelaciones al discurso del odio y las acusaciones de lanzar bulos y «fake news» a los críticos. Resulta sorprendente que exista todavía prensa que colabora con el Ejecutivo en esta supuesta lucha contra las noticias falsas cuando es precisamente el Ejecutivo el principal divulgador de las mismas. Cuando la covid segaba centenares de vidas, cualquier crítica a la gestión gubernamental era tildada por sus seguidores casi de antipatriota. «No es el momento, ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades», decían entonces los ministros, sin que dichas responsabilidades se hayan dirimido nunca. Con el escándalo de las pulseras sucede otro tanto. Los incompetentes que lo han provocado, con la actual ministra de Igualdad a la cabeza, niegan la mayor, minimizan el problema y culpan a la oposición de crear un drama. Además de inútiles, caraduras.