La crisis de los siete votos

Ya está todo dispuesto para el trámite parlamentario de la Ley de Amnistía. Nunca se había presentado en el Congreso de los Diputados una norma tan controvertida. Se trata del precio que tiene que pagar el presidente Sánchez por siete votos para seguir en La Moncloa. Es la primera exigencia de Puigdemont, prófugo de la Justicia, y los demás separatistas catalanes sediciosos para darle sus votos al político socialista y sostenerlo en el poder. Un caso cantado de compra-venta infame, que el conglomerado parlamentario de la izquierda y los nacionalistas se disponen a validar, con el falso pretexto de impedir que llegue a España «la ola ultraconservadora». Es el argumento del «sanchismo» con el que justifica todo, siguiendo el inmoral criterio de que el fin justifica los medios. Todo vale con tal de que no gobierne la derecha.

Todos los sondeos disponibles indican que una abrumadora mayoría de españoles están en contra de que se apruebe esta ley. Prevalece incluso el rechazo entre los votantes del PSOE y los dirigentes históricos del partido centenario. Hasta que hizo de la necesidad virtud, también se oponía a la amnistía, por juzgarla inconstitucional, el propio Pedro Sánchez. Con esa idea se presentó a las elecciones. El frente de rechazo abarca a casi todo el mundo jurídico y a la mayor parte de las instituciones. En Europa observan el desenlace con preocupación, esperando a ver en qué queda la cosa. De la actuación de la Unión Europea en este caso dependerá el grado futuro de europeísmo de los españoles y su confianza en las instituciones europeas. Y al Rey esta Ley de Amnistía lo mete en un tremendo lío. Los delincuentes, a los que él acusó públicamente, se convierten de la noche a la mañana por arte de birlibirloque en inocentes ciudadanos perseguidos por la Justicia.

Si al final el Congreso de los Diputados aprueba –en voz alta o en secreto, qué más da– semejante despropósito, quedará confirmado el divorcio, posiblemente irreparable, entre la España oficial y la España real, entre el Parlamento y la calle. Las masivas manifestaciones en contra demuestran esa radical desavenencia. Tendrá pleno sentido el grito airado de «¡no nos representan!», que vuelve a figurar en las pancartas y que refleja la grave crisis institucional que padecemos y que amenaza con llegar a extremos irreconciliables. El desprestigio institucional alcanzará de lleno al Tribunal Constitucional si, como se teme, mira para otro lado y justifica lo injustificable por razones ideológicas. Esta crisis será conocida en los libros de Historia como la amnistía de los siete votos.