9-N: Cataluña desgobernada

Lo dijo un dirigente de la CUP –una coalición independentista de extrema izquierda–, que preside ahora la comisión que investigará el «caso Pujol» y que cuenta con la plena confianza de Artur Mas: «Cómo debe de estar el país para que un neoliberal y un anticapitalista vayan juntos». Efectivamente, cómo debe de estar Cataluña. Esta complicidad es la muestra de que, más allá de una acción de gobierno centrada en asuntos de política económica, social y directamente en ámbitos que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, su dedicación se ha centrado de manera exclusiva en cultivar y desarrollar el llamado «proceso soberanista». Las intervenciones públicas del president de la Generalitat sólo hacen referencia al «derecho a decidir», al «expolio» fiscal y, ahora, a la «consulta», o a su sucedáneo, que hoy tendrá lugar con todo su apoyo. Y algo más, la implicación de la institución que representa Mas a favor de la independencia de Cataluña sin el respeto que le debería merecer otras opciones políticas sólo deja en evidencia que el nacionalismo no gobierna para todos los catalanes. La legislatura se inauguró después de una decisión con la que Mas quería conseguir la mayoría para liderar el «proceso soberanista», sin considerar que, en plena crisis económica, lo más prudente no era abrir un período de inestabilidad, como así ha sucedido. Desde que CiU ganó las elecciones del 25 de noviembre de 2012, el Gobierno de Mas ha conseguido que el Parlament apruebe once proyectos de ley, aunque la mayoría de éstos tiene que ver con aspectos políticos del proceso. ¿Puede un Gobierno presentarse ante los ciudadanos con una actividad parlamentaria tan pobre y sectárea? Es evidente que no, aunque parezca que sí y se haya instalado en la sociedad catalana un «uniformismo» en el que es difícil que las discrepancias se hagan oír. La monopolización de la vida política por el nacionalismo ha creado una oposición desnaturalizada (la gran paradoja es que quien debía ejercerla, ERC, es el socio necesario de CiU, y el PSC sobrevive en una crisis provocada por el proceso) y ha impuesto un único debate. Por lo tanto, han sido dos años perdidos dedicados no a encontrar una solución realista al déficit fiscal de Cataluña, a la postre el asunto que ha sido el argumento que ha servido para poner en marcha este desafío, sino en preparar un choque institucional con el Estado español. Cataluña no se puede permitir un gobierno que ignore los datos fundamentales de su economía: la deuda es de 61.836 millones de euros en el segundo trimestre de este año, lo que supone el 32% del PIB; hay 587.000 desempleados; y las agencias han advertido de que, sin el apoyo del Estado, la deuda catalana es bono basura. Sin embargo, Artura Mas parece vivir ajeno a esta realidad, creyendo que un simulacro de consulta es la solución que necesita la sociedad catalana.