Aborto, una cuestión de principios

Es comprensible que el PP tenga que velar por sus intereses electorales, conservar su votos y evitar que otros partidos –Cs y Vox– pesquen entren sus fieles. Pero una formación que es clave para el gobierno de España, eje central del centroderecha español, debería tener muy claro algunos principios. Por ejemplo su posición sobre el aborto. Sobre esta cuestión ya marcó su postura cuando el 5 de julio de 2010 presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite pero rechazó su suspensión cautelar hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto, algo que todavía está pendiente. De esto hace casi nueve años y nada se sabe de una sentencia que cumplió todos los trámites del recurso, lo que indica que tras ese retraso está la inhibición de los magistrados, pese a que se trata de un tema que siempre ha provocado un gran debate social. El pasado mes de diciembre, la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, ya dijo en este periódico que el Tribunal debía guiarse por el principio de «oportunidad y prudencia». Parece que ese momento no ha llegado y que no hay un consenso deseable para dirimir una cuestión en la que pesan, más allá, de las leyes, los principios personales. Bajo esta circunstancia extraordinaria, y suponemos que a la espera de un fallo del TC, el PP ha decidido no incluir en su programa electoral ningún cambio en la legislación que regula la interrupción del embarazo. Al margen de que entre los populares haya diferentes posturas sobre este asunto, Pablo Casado ya habló esta semana de que lo fundamental es apoyar a la familia y, como ya adelantó, la creación de un ministerio específico. Lo fundamental es mantener el derecho a la vida y erradicar la frivolidad con la que desde algunos sectores de la izquierda se ha tratado el aborto. La Ley Orgánica 2/2010 aprobada por el gobierno socialista de entonces «salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo» permite el aborto libre en las 14 primeras semanas, ampliable a las 22 semanas si existe «grave riesgo para la vida o salud de la embarazada». Hay que partir de que veníamos de la denostada «ley Aído» –por la ex titular socialista de Igualdad Bibiana Aído–. El punto más polémico de la ley fue el que permitía a las menores de 16 y 17 años abortar sin informar a sus progenitores en el caso de que eso supusiera «un peligro cierto de violencia intrafamiliar amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo». El gobierno popular de Mariano Rajoy suprimió en su reforma este apartado, aunque no cumplió con la modificación de la ley de plazos, a la espera de la sentencia del Constitucional. El argumento sigue siendo válido, ya que la ley de plazos vulnera no sólo la sentencia de abril de 1985 del TC, por la que reconocía que la vida humana es un proceso que comienza en la gestación, y a la posterior del Tribunal Supremo sobre los derechos del «nasciturus», además del convenio de Naciones Unidas de protección de los Derechos Humanos, que proscribe claramente el aborto por motivos de eugenesias, es decir, de minusvalía. Desde este punto de vista, el PP está en la obligación de defender sus principios, pero también de no entrar en una batalla que requiere seriedad y no las luchas oportunistas y electoralistas. Es un debate que no se cierra ahora, y ni mucho menos con los comicios del 28 de abril, ya que defender la vida sigue siendo una tarea necesaria con el objetivo de borrar la cifra de las 94.123 mujeres que en 2017 decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo.