Si bien las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la idoneidad de los Presupuestos Generales del Estado son orientativas y no vinculantes, le convendría al Gobierno examinarlas detenidamente por cuanto lo que está en juego es, en definitiva, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al que España se comprometió con la UE. No son un dogma de fe, pero tampoco es sensato ignorarlas. No hay, por otra parte, diferencias insalvables entre las previsiones de déficit y crecimiento establecidas por el Gobierno y los planteamientos de Bruselas: una décima en lo que se refiere al déficit público (5,8 % frente a 5,9%) y dos (0,7% frente al 0,5%) en el incremento del PIB. La respuesta dada a la CE por parte de los dos ministros españoles más concernidos en el asunto, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos, insiste en que los cálculos españoles sobre la evolución económica pecan de prudencia, ya que la mayoría de los analistas financieros internacionales prevé tasas de crecimiento superiores a las que informan los PGE para el año 2014. Asimismo, garantizan que los programas de reformas seguirán cumpliéndose y consideran realistas las previsiones de ingresos del Estado, entre otras cuestiones, por el afloramiento de una bolsa patrimonial gravable de 40.000 millones de euros. Sin duda, juega a favor del Gobierno, y así lo ha destacado Luis de Guindos, el hecho de que nadie puede poner en cuestión el esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas que está llevando a cabo España, esfuerzo que se mantendrá en el futuro. No sólo es cierto, sino que ha sido una de las bazas con las que nuestro país ha conseguido recuperar la credibilidad de los mercados y volver a financiarse en unas condiciones aceptables. Sin embargo, las indicaciones de Bruselas no carecen de fundamento, dada la debilidad actual de la zona euro, con Francia en recesión y Alemania reduciendo el volumen de sus importaciones. En el caso de una disminución del crecimiento del PIB, que nadie desea que se produzca, sería imprescindible que se profundizara en la reducción del gasto público, en el que hay margen de sobra, especialmente en las administraciones autonómicas. La otra opción, operar por la vía del aumento de ingresos, supondría mayor presión fiscal, contención del consumo interno y el riesgo de frustrar la recuperación en marcha. Pero incluso en el caso de que se cumplieran con exactitud las previsiones oficiales, la vía de la reducción del gasto debería privilegiarse, quemando etapas si es preciso en el calendario de las reformas estructurales, para conseguir que la prometida reforma tributaria, con la consiguiente reducción de la carga fiscal, se haga realidad en el menor tiempo posible. Por lo demás, alcanzar la meta de un déficit fiscal del 3% en 2016 exigirá en años sucesivos un esfuerzo adicional.