ANC, intolerable llamada al delito

Una conclusión a la que deberían haber llegado los impulsores del proceso separatista en Cataluña es que el Estado de derecho dispone de medios jurídicos y legales más que suficientes para defender la democracia española de aquellos golpistas que pretenden atacarla. Y, sin embargo, esa obvia conclusión parece que se les escapa a los actuales responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo secretariado hizo público ayer un comunicado de todo punto inaceptable en el que, textualmente, se afirma que «ahora hay que demostrar que unos y otros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades y consecuencias penales ante el Estado demofóbico que tenemos abiertamente en contra», al tiempo que se amenaza con movilizaciones «para apoyar acciones valientes o para exigirlas», muy en la línea de lo que está supuesta asociación «cultural» ha venido haciendo y que, entre otras consecuencias, ha llevado a su presidente, Jordi Sánchez, a ingresar en prisión preventiva por orden de un juez del Tribunal Supremo. Podrá argumentarse que esta inaudita declaración por parte de los dirigentes de una entidad que tiene abiertas, al menos, dos diligencias policiales y una instrucción judicial por actividades ligadas al proceso independentista, no tiene otro objetivo que incrementar la presión política sobre la dirigencia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que se avenga al trágala del fugado Carles Puigdemont y sus seguidores de JpCat y que, en consecuencia, no habría causa penal suficiente para instar a su disolución, más todavía tratándose de una asociación que no se rige por la Ley de Partidos. Con ser cierto, también lo es que otras entidades de la misma naturaleza jurídica que estuvieron vinculadas al entramado de la banda terrorista etarra, como Herrira, que controlaba a los presos, fueron disueltas en el mismo proceso que llevó a la ilegalización de Batasuna. Sin querer entrar en comparaciones, la ANC, con comunicados como al que acabamos de referirnos, no solamente auspicia una actuación contraria a la Constitución española y al ordenamiento jurídico, sino que, además, alienta directamente a incumplir la Ley y se muestra dispuesta a crear situaciones de presión en las calles de Cataluña. Por muy amplios e inconcretos que fueran los «fines» declarados en su momento para inscribirse en el registro de asociaciones, no parece que se incluyera el de la rebelión o la sedición contra la democracia y sus representantes judiciales. De hecho, como ya hemos indicado, la ANC está incursa en varias investigaciones sobre su participación en el intento secesionista, de forma especial en lo que se refiere a la financiación del mismo, que, según un informe de la Guardia Civil, supuso el desembolso de 1,5 millones de euros, solamente entre los meses de septiembre y octubre de 2017. Serán, por supuesto, los tribunales de Justicia quienes tengan la última palabra en este asunto, pero, por la reciente experiencia, no parece que se vaya a pasar por alto cualquier actuación que desemboque en actos de violencia, como los sucedidos a raíz del registro judicial de la consejería de Hacienda de la Generalitat. Podría, incluso, dictarse una mera suspensión cautelar de actividades de la ANC, que no implica la disolución de la entidad. A menos que, de una vez por todas, sus responsables admitan la realidad de que ningún país democrático, y España es uno de ellos, puede tolerar el desprecio a la Ley.