Con la invocación por parte de Londres del artículo 50 del Tratado de Lisboa comienza un proceso negociador muy complejo, entre otras cuestiones, porque en este asunto no hay confluencia de intereses entre todos los miembros de la Unión Europea. Conviene, pues, no dejar que las pasiones negativas que el Brexit ha despertado en el seno de la UE –que invitan a un castigo del socio desleal– nublen el verdadero objetivo: procurar que la separación provoque el menor destrozo posible. La Comisión Europea dispone de un mínimo de dos años para culminar la negociación, cuyo principal escollo, más allá de la necesidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido, se encuentra en el nivel de acceso al mercado único europeo que se concederá a las mercancías y servicios británicos. Desde el mero utilitarismo, es cierto que a España le conviene poner las menores trabas comerciales posibles al Reino Unido, que es uno de nuestros principales clientes, pero si Europa aspira a ser algo más que un espacio económico, es evidente que habrá que aplicar a Londres un trato de «país tercero», por muy generosas que sean las condiciones. Por otra parte, es preciso que la decisión que se adopte tenga el mayor respaldo posible, y no sólo la mayoría cualificada que permite la legislación europea. De lo contrario, el Brexit puede actuar como un factor desintegrador.