Cataluña necesita un gobierno

La composición de la lista de candidatos de Junts per Catalunya (JxC), marca con la que el PDeCAT concurre a las elecciones del 21-D, bajo el auspicio del prófugo Carles Puigdemont, indica claramente que su objetivo no es gobernar, sino mantenerse en el poder. Que Marta Rovira haya sido ungida por Oriol Junqueras como candidata a la Presidencia de la Generalitat, da también medida de que su misión, de ser la más votada –algo nada improbable–, no será la de buscar la reconciliación y dar confianza a las más de dos mil empresas que cambiaron su sede social. Muy al contrario, por su perfil de dogmática ultranacionalista, todo indica que bajo su dirección la actividad parlamentaria y de gobierno se centrará en renovar el «proceso», al que no dan por acabado. De no ser así, sería darlo por muerto y aceptar que hay que hacer política sobre las cosas terrenales dentro del marco legal de la Constitución y el Estatuto y es posible que no estén preparados para ello. Este fracaso no ha sido aceptado, sólo en los aspectos jurídicos que les pueda eximir de responsabilidades penales: los ocho ex consejeros de la Generalitat encarcelados por el proceso independentista pedirán hoy prestar declaración ante el Tribunal Supremo con el objetivo de salir de la cárcel. La situación que se puede abrir tras el 21-D es la de desgobierno, incluso la de que ni siquiera se pueda constituir un gobierno y estemos de nuevo abocados a elecciones. El bloque separatista, que quedaría cerrado por la CUP, podría alcanzar la mayoría, a pesar de que el voto independentista ha llegado a su límite. Una coalición con estos partidos –y aún con el refuerzo del partido de Colau-Iglesias– no aseguraría ninguna estabilidad, muy al contrario. Ayer, el Círculo de Economía llamó la atención ante los riesgos de un futuro gobierno de la Generalitat que no se mantenga dentro de la legalidad, lo que provocaría que pudiese consolidarse la pérdida de confianza ante la ausencia de un marco legal estable que ofrezca seguridad a las empresas. Por contra, los mensajes lanzados por Puigdemont –ahora abiertamente contrario a la UE, en la misma línea que los xenófobos populistas Le Pen y Farage– y Rovira inciden en el mismo tenebrismo conspirativo, sin más propuesta que la de ver una mano oscura que quiere acabar con el «proceso». Nos tememos que en eso basarán su campaña. El candidato socialista, Miquel Iceta, parece ser consciente de este futuro de inestabilidad y ha anticipado que, por lo que de él depende, «no habrá repetición de elecciones», incluso dejó la posibilidad abierta de apoyar a otros candidatos, contradiciendo lo que Pedro Sánchez dijo hace unos días sobre que no investiría a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, si obtuviese más votos. Este anuncio fue precipitado y de vuelo gallináceo, demasiado corto y partidista, incluso desmovilizador para un electorado que quiere salir de la dinámica marcada por el nacionalismo durante demasiados años. No hay que perder de vista que la última vez que la desaparecida CiU y ERC alcanzaron la mayoría absoluta fue en 1995 y que esos votantes –a pesar de la vigorosa ayuda de la CUP– están decreciendo. La situación por la que atraviesa Cataluña requiere de una actitud política de altura, donde deberá haber sacrificios y generosidad para favorecer la opción que asegure la máxima estabilidad, y ésta deberá venir de las formaciones constitucionalistas. A poco más de tres semanas de los comicios, lo único cierto es que hay una evidente tendencia al avance de las formaciones constitucionalistas, cuyo afianzamiento dependerá de la movilización del electorado. Es posible cambiar el equilibrio de fuerzas y formar un gobierno que lleve a la normalidad a una sociedad hastiada del «proceso». Cataluña no puede soportar otra legislatura fracasada invertida en romper la legalidad.