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Cataluña se aboca al disparate político para no sacrificar a Mas

Tiempo de lectura 4 min.

02 de octubre de 2015. 00:58h

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2/10/2015

No sobran en la política catalana elementos pintorescos que, más allá de la anécdota, deberían tenerse en cuenta para saber quiénes pueden ser los aliados de Artur Mas que prolonguen su liderazgo en estos momentos agónicos, incluso su reelección como presidente de la Generalitat. Entre las interpretaciones de las pasadas elecciones autonómicas –y plebiscitarias– hay una fundamental porque cambia la dinámica política catalana: por primera vez, el primer grupo de la oposición (Ciutadans) no se identifica con la tradición catalanista, y el grupo con menos representación en el Parlamento (la CUP) se ha convertido en la llave para el nombramiento del nuevo presidente, precisamente un partido que se declara antisistema y anticapitalista y que está en las antípodas ideológicas de Mas. Este hecho, por muy exótico que sea, no debería ser menospreciado: de la CUP va a depender las leyes que los ciudadanos deban acatar (o incumplir, si se sigue su llamamiento a la «desobediencia») y deberá ser quien vigile el diálogo, como tantas veces anuncia, con el Gobierno de la nación, si quiere reconducir la disparatada situación política catalana. ¿Quién sería el interlocutor del Gobierno? Mejor no pensarlo. La CUP realizó ayer una propuesta inédita en la historia de las democracias parlamentarias: crear una «presidencia coral» para la Generalitat compuesta por «tres o cuatro perfiles con un peso equivalente». En ocurrencias de ese calado es donde empieza a notarse la defunción del catalanismo político moderado, que ya no es aceptado por el electorado (basta ver el caso de Uniò, que se queda sin representación), que ha preferido dar un giro hacia la izquierda más trasnochada y extrema, paso del que Mas es el único responsable. Otro dirigente de la CUP dijo que estarían dispuestos a votar a Mas para evitar el fracaso del «proceso». Insistimos: ¿quién estará al frente de la Generalitat? Por lo tanto, quienes exigen a Mariano Rajoy que debe estar abierto al diálogo deberían tener en cuenta que éste siempre lo ha mantenido con el catalanismo integrador y responsable, además de con las fuerzas sociales, que son los que están sufriendo esta parálisis política. En estos momentos, la situación está bloqueada por un empacho de independentismo que ha acabado con cualquier atisbo de realismo. La constitución ayer del grupo parlamentario de Junts pel Sí –la coalición en la que se ha escondido Mas– explica claramente el interinaje de los 62 diputados elegidos, cuya misión será la de insistir en el «proceso», como así puede derivarse de sus currícula, en los que destacan los activistas del independentismo. Desbrozar la situación política catalana es clave y, por encima de todo, mantener la legalidad que ahora mismo está dañada por el plan secesionista y la voluntad claramente expresada de desobedecer las leyes. La reforma del Tribunal Constitucional que ayer aprobó el Congreso debe interpretarse en este contexto de inestabilidad. Básicamente, esta reforma quiere dar facultades al TC para llevar a cabo la ejecución de sus resoluciones y sancionar a los cargos públicos que la ignoren. En Cataluña está amenazado el Estado de Derecho y no caben argumentos como los esgrimidos ayer por los socialistas al decir que esta reforma «alimenta el victimismo de los independentistas catalanes», crítica que a estas alturas del «proceso» resulta ingenua y, lo que es peor, marca una equidistancia muy calculada.

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