Ciudadanos y la incoherencia

Begoña Villacís, cabeza de cartel de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid, ha reconocido que fue administradora solidaria de una sociedad patrimonial que, según su versión, traspasó en 2009 a su marido, el abogado Antonio Suárez-Valdés, y se ha excusado en un «olvido» el hecho de que el cambio de titularidad no se inscribiera en el Registro Marcantil hasta nueve años después. El asunto se presta a varias consideraciones. La primera, necesariamente, tiene que ver con el flagrante incumplimiento por parte de Villacís de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y de la Ley de Transparencia, que obligaban a la concejal de Ciudadanos a declarar públicamente su actividad mercantil entre 2015 y 2018, puesto que aún figuraba como administradora solidaria de la sociedad en cuestión, denominada «Iuriscontencia SL», y la segunda se refiere a la coherencia que cabe exigir a un político entre sus declaraciones y actitudes públicas y sus hechos. Ciertamente, el código ético del partido que lidera Albert Rivera no incluye la exigencia de dimisión de sus representantes institucionales por la creación o participación en sociedades patrimoniales, por mucho que éstas tengan una clara vocación de opacidad fiscal, salvedad que contrasta, sin embargo, con la severidad con que se contemplan otras conductas, hasta el punto de derogar, al menos, a nivel interno, un derecho tan fundamental como es el de la presunción de inocencia. Pero si Begoña Villacís puede no considerarse interpelada por su propio código ético, si debería admitir la contradicción que supone su caso con las exigentes demandas de transparencia, probidad y dimisiones que caracteriza el discurso de su partido cuando se refieren a los adversarios políticos. Porque no hay que engañarse. La sociedad patrimonial de Villacís y su marido sirvió, fundamentalmente, para aminorar la carga impositiva en la adquisición de una vivienda unifamiliar de 600 metros cuadrados en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. Se argüirá que se trata de una práctica común que fue, incluso, tolerada por la Agencia Tributaria, pero de ninguna manera es así. La inmensa mayoría de los ciudadanos de este país que tienen que hacer frente a la compra de su vivienda habitual pagan puntualmente las tasas e impuestos correspondientes, sin recurrir a instrumentos mercantiles, pensados para otras funciones. Es decir, que el hecho de que los casos conocidos últimamente de políticos con sociedades instrumentales sean tristemente numerosos e incluyan a ministros del actual Gobierno socialista, no justifica tal práctica, mucho menos a los ojos de los contribuyentes de a pie, que son los que soportan la mayor parte de la presión fiscal. Con un agravante, que el partido de los Ciudadanos y, más directamente, la propia Begoña Villacís no se ha caracterizado precisamente por la ecuanimidad a la hora de juzgar las conductas ajenas. Las hemerotecas y los archivos de Twitter confirman lo que decimos, puesto que, en 2017, la concejala madrileña señaló en esta red social a los senadores del PP que, supuestamente, no declaraban su patrimonio. Este tipo de actitudes no pasan inadvertidas entre unos votantes que están al cabo de la calle de las políticas de doble rasero y que castigan en las urnas no tanto determinadas conductas, cuando menos, dudosas, como la clamorosa incoherencia de sus protagonistas. Bien está que Albert Rivera haya denunciado sin paliativos la tolerancia sobrevenida de Pedro Sánchez con las sociedades instrumentales de varios miembros del Gabinete, pero, por la misma demanda de exigencia, tendría que recriminar la presunta irregularidad a su candidata al Consistorio de la capital de España.