Colaboración con ETA

La operación de la Ertzaintza, que culminó ayer con el arresto de Urtza Alkorta, condenada por colaborar con ETA, después de una actuación de tres horas en la que desalojaron a varios centenares de proetarras que intentaron evitar la detención, demostró, por un lado, que el Estado de Derecho funciona y es capaz, cuando se lo propone, de cumplir y hacer cumplir la Ley y, por otro, que las marcas legalizadas del entramado terrorista desafían a la democracia un día tras otro. En esta ocasión, parlamentarios de EH Bildu, con su portavoz, Laura Mintegi, a la cabeza, lideraron la movilización de resistencia al cumplimiento de un mandato judicial y, por ende, protegieron a una terrorista sentenciada a cinco años de prisión, pena ratificada por el Tribunal Supremo. La actitud de Mintegi y el resto de diputados no fue contemplativa o pasiva, sino plenamente activa, hasta el punto de que se enfrentaron y amenazaron a los ertzainas. Sería un error abordar situaciones como las de Ondarroa y similares con respuestas de perfil bajo o desde una excepcionalidad jurídica. Si algo se ha demostrado desde los procesos de legalización ha sido que Bildu, Sortu y Amaiur utilizaron instrumentalmente una coyuntura y un discurso para recuperar espacios civiles y políticos desde los que poder erosionar y destruir la democracia. Las actuaciones de sus dirigentes, como la de Mintegi, refrendan a diario que los fallos del Tribunal Constitucional fueron una auténtica burla al Estado de Derecho, en general, y a las víctimas del terrorismo, en particular. El Gobierno ha mantenido hasta la fecha la política que debía, sin atajos ni contemplaciones con ETA y su mundo siempre, claro, condicionado por la decisión de unos magistrados que extendieron una alfombra roja a la banda y a sus acólitos hasta las instituciones. Pero ha llegado la hora de ir más allá. La sentencia del TC sobre Sortu fijó también los límites que no debía cruzar si no quería ser ilegalizado. Entre ellos, la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el que supone el cumplimiento de una pena por terrorismo, el ensalzamiento de etarras o las actuaciones que cuestionen la labor de las Fuerzas de Seguridad. Es obvio e indiscutible que esos límites se han sobrepasado repetidamente y el episodio del arresto de Urtza Alkorta ha sido el último ejemplo. Dignidad y Justicia ya denunció más de cien indicios que delatan a Bildu, y que fueron adelantados por LA RAZÓN. La Fiscalía los estudia y analiza y acumula nuevas pruebas. Se trata de instar procedimientos para que los actuales sucedáneos corran la suerte de sus predecesores. Hay que actuar contra ETA en todos los frentes. Es una cuestión de legalidad, pero también de dignidad y de moral. Y de entender que la democracia no debe nada a ese mundo, sino que son ellos los que están obligados a pagar sus deudas de sangre.