Con los catalanes que resisten a la coacción separatista

No debería la sociedad catalana restar importancia a lo ocurrido el pasado martes en Reus, cuando un grupo de separatistas embargados por el odio y la intolerancia aconsejaron a los responsables de la seguridad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, finalizar antes de lo previsto su paseo electoral por las calles de la localidad tarraconense. Porque ni siquiera desde el sectarismo político, que aparece como una segunda naturaleza en el nacionalismo radical, es posible justificar la campaña de coacciones y violencia de baja intensidad, por utilizar un término comúnmente aceptado, que sufren desde hace años quienes en su doble condición de catalanes y españoles se atreven a rechazar públicamente la idea de una Cataluña independiente y una España rota, como hacen con gallardía, no exenta de valor físico, los afiliados y simpatizantes del Partido Popular. Años en los que los poderes públicos del Principado han preferido mirar para otro lado, cuando no han tratado de cargar vergonzantemente la responsabilidad sobre los propios agredidos. A la ausencia de una respuesta contundente por parte de la Consejería de Interior de la Generalitat frente a la larga lista de ataques a sedes del PP, insultos públicos, tanto en las calles como en las redes sociales, escraches y sabotajes de los mítines electorales o reuniones de la familia popular, hay que unir el cómplice silencio institucional y político. Tal es así, que el hecho de que un presidente de Gobierno de una nación democrática se vea insultado por un grupo de energúmenos en un acto de apoyo a su candidato a las elecciones autonómicas, Xavier García Albiol –acción de acoso repetida ayer mismo en Gerona–, no ha recibido el menor reproche público por parte de la Generalitat, del resto de las formaciones en liza o de unos medios de comunicación oficiales que han olvidado que se deben a toda la ciudadanía y no sólo a una parte. Salvo el tímido «lo lamento» del cabeza de lista de Unió, Ramon Espadaler, hemos asistido al silencio de quienes más ventean su condición de demócratas. La táctica de demonizar al adversario, despojándole de su condición de sujeto político con los mismos derechos que los demás a defender sus ideas, no es nueva. La historia está llena de ejemplos y, lo que es peor, de las consecuencias que este tipo de conductas totalitarias ha traído a los pueblos que han tenido la desgracia de sufrirlas. Ante esta situación es preciso que todos los ciudadanos en el resto de España se vuelquen con los catalanes que resisten a la coacción separatista, con independencia del partido político de su elección. En el caso del PP de Cataluña, este apoyo se va a canalizar desde la dirección general del partido, que, como hoy publica LA RAZÓN, ha decidido convocar a todos sus cargos electos nacionales para que participen personalmente en las elecciones autonómicas del próximo domingo, desempeñando funciones de apoderados en las mesas que no puedan cubrirse con los afiliados locales. La dirección del PP es consciente de lo mucho que está en juego en Cataluña en esta cita electoral y de la importancia de garantizar el desarrollo correcto del proceso de votación y del recuento de los sufragios, pero, también, de conseguir la mayor participación posible para sacar a la luz el voto oculto de muchos que rechazan el separatismo.