Consenso para una buena ley

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, uno de los proyectos legislativos más ambiciosos del Gobierno de Rajoy, ha superado con buen pie su primer trámite parlamentario tras la retirada de las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PNV y CiU con el apoyo tácito del PSOE. A los resultados de la negociación con los nacionalistas, muy bien conducida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sólo cabría ponerle un «pero», aunque sea de carácter preventivo: no tendría sentido replicar en las 17 autonomías el previsto Consejo de Transparencia, como se trasluce en algunas declaraciones procedentes del ámbito nacionalista. El nudo de la cuestión era la capacidad sancionadora que se reservaba el Ministerio de Hacienda para castigar los incumplimientos de la ley, incluidos los cometidos por funcionarios de las administraciones local y autonómica, y que ha sido retirada del proyecto. En su lugar, la llamada Autoridad Fiscal Independiente, creada recientemente por el Gobierno, será la que advertirá a cada administración las infracciones detectadas para que éstas incoen los expedientes. Los nacionalistas salvaguardan así el ámbito competencial autonómico, lo cual, sin embargo, no debería suponer una nueva «barra libre» de organismos públicos. El otro gran acuerdo anunciado ayer es de un gran calado político y demuestra altura de miras: el órgano de control previsto por la nueva ley no dependerá de ningún departamento gubernamental, sino que será un organismo independiente cuyos miembros los elegirá el Parlamento por mayoría absoluta y no podrán ser destituidos antes del término de su mandato. Este Consejo de Transparencia será el encargado de vigilar la aplicación de la ley y de resolver los conflictos. El amplio consenso alcanzado, del que se han excluido UPyD y la izquierda radical, es la mejor garantía de que el proyecto cumplirá el objetivo previsto: la regeneración democrática de la vida pública española. Comenzando por el gesto ejemplar de la Casa Real (la primera en el mundo que acepta someter su gestión a tal nivel de control ciudadano), todas las instituciones con responsabilidad social están llamadas a un cambio de mentalidad y a una apertura real del modo en que llevan a cabo sus actividades, que redundará en beneficio de todos, puesto que hará mucho más difícil que surjan casos de corrupción o que éstos se extiendan en el tiempo. También se pondrá coto al despilfarro, al favoritismo en la concesión de contratos públicos y a la arbitrariedad de las administraciones. Luz y taquígrafos para unas instituciones siempre bajo sospecha, muchas veces injusta. Cortes, Gobierno, partidos, autonomías, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y todos aquellos que reciban fondos públicos tienen el deber, y la oportunidad, de dejar las cuentas claras.